El Gobierno de Puerto Rico que lidera Ricardo Rosselló cumple un año, ejercicio marcado por la difícil coexistencia con una entidad de control impuesta por Washington para atender una deuda impagable y el huracán María.
Rosselló, que se convirtió en gobernador sin haber cumplido los 40 años, llegó al Ejecutivo de este Estado Libre Asociado a Estados Unidos con nula experiencia en la Administración pública pero arropado por su padre, quien ocupó el cargo entre 1993 y 2000.
Dejó claro desde el primer día que la guía de su mandato pasaba por conseguir el objetivo que es razón de ser de su formación, el Partido Nuevo Progresista (PNP), la plena integración a Estados Unidos.
Para ello, organizó a comienzos del pasado mes de junio un plebiscito sobre la relación política con Estados Unidos en el que un 97 % de quienes votaron lo hicieron a favor de la anexión a EE.UU., aunque el dato más relevante de la consulta fue que la participación fue de solo el 22,9 %.
La baja participación que sin duda deslució el resultado estuvo condicionada por el boicot de la oposición del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que desacreditaron la consulta.
Rosselló no se desanimó por la pobre participación y viajó a Washington para presentar oficialmente al Congreso estadounidense el resultado, lo que, como cabía esperar, no tuvo resultado alguno una vez que desde la capital de Estados Unidos lo que primero se pide para dar un paso hacia un cambio en el estatus de la isla es que haya al menos unidad entre la ciudadanía.