POR CLAUDIO CABRERA
Tras nueve años de haber iniciado las discusiones para arribar a la reforma del sistema de seguridad social en la República Dominicana, los resultados a que se han arribado tras el fracaso inicial del Proyecto Tripartido consensuado, indican que se ha llegado a una especie de Triángulo de las Bermudas.

Nada está muy claro de hacia dónde deben conducir las puertas que se han abierto para que todos los dominicanos, especialmente los de menores recursos representados por una gran masa de empleados y trabajadores, así como por personas sin capacidad de pagar una cobertura, cuenten con un verdadero sistema de protección a la salud colectiva.

Según lo dicho por los representantes del empresariado, encabezados por la licenciada Elena Viyella de Paliza, se acuerdan previamente algunos puntos de agenda, para luego desmadejarse todo sin ningún tipo de consenso.

De esta forma, ni el sector laboral, ni el empresarial ni el público se han podido poner de acuerdo sobre un tema que tiene tanta trascendencia para el futuro inmediato y mediato de la sociedad dominicana.

En el triángulo conformado por el gobierno, los trabajadores y empresarios todos tiene sus respectivas quejas, habiéndose llegado al extremo de que desde el punto de vista institucional, se empiezan a reflejar disensiones de cómo operar unos dispositivos burocráticos que evidencian estar paralizados.

Para los empresarios representados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), así como por la Confederación Patronal de la República (Copardom), muchos escollos en la actual estructura del sistema dilatan los necesarios avances para contar con un régimen de seguridad social que implica grandes responsabilidades en el orden a protección, salud y en lo económico para sus beneficiarios.

Si bien el sistema previsional adoptado ha estado progresando sin mayores tropiezos, no dejan de existir cuestionamientos debido a que los fondos captados para fines de pensiones permanecen inmutables sin que la ley permita canales de transmisión para que los fondos vayan a los hospitales y centros de salud en la cantidad adecuada para atender las demandas del servicio.

Este sistema se ha establecido sobre la modalidad de cuentas de ahorros individuales, donde el trabajador y el empleador aportan una cuota salario en una cuenta de ahorro administrada por las llamadas empresas AFP, que permitirá que el grueso de los trabajadores acumule los fondos necesarios para su retiro cuando haya terminado su vida económicamente activa. Del rendimiento y de la cantidad de ahorro acumulado va a depender el monto de su pensión final.

Al analizar el régimen de pensiones desde sus inicios en el año 2001, los representantes empresariales resaltan que al presente se han recaudado por esta vía RD$16,758.0 millones, de los cuales RD$13 mil han ido a parar a las AFPs, unos RD$2,324.0 millones a la Secretaría de Finanzas, RD$356.0 millones al Banco Central y de Reservas para sus Fondos de Pensiones, RD$830 millones al Fondo de Solidaridad Social y RD$207 millones a la SIPEN (Sistemas de Pensiones) en calidad de comisión.

En esta área del sistema, acorde a la licenciada Villeya de Paliza, el sector público mantiene atrasos por RD$2,078.0 millones, debido a que no han hecho sus respectivos aportes el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los ayuntamientos y empresas descentralizadas del Estado, así como la Secretaría de Educación que adeuda RD$761.0 millones por la puesta en vigencia del INABIMA.

Entuertos en área de salud

En el caso del componente de salud se tiene previsto que el módulo de aseguramiento universal dotará a toda la población de un paquete de servicios de salud, contenido en una canasta que se provee a través del Plan Básico de Salud, el cual tiene su costo en función de aspectos de orden económico, financiero y macroeconómico vinculados a la situación de la moneda del país y al costo general de la vida.

De hecho, este último componente del sistema general de salud ha pasado a convertirse en piedra de discordia entre las tres partes que integran actualmente el sistema.

Muchas decisiones que se han dilatado en esta instancia institucional son las que han mostrado la percepción de parálisis que se siente en el estancado sistema de seguridad social dominicano.

Desde que se adoptó la resolución de entrada en vigor hacia el 2003 de dicho componente vital para el sistema, el Conep denuncia que en repetidas ocasiones se ha anunciado por diferentes funcionarios su inicio sin que llegue realmente a despegar y sin que se modifique esa resolución del Consejo que sigue vigente.

Apunta que desde febrero del 2005 y cumpliendo con los requerimientos del Presidente de la República, se creó la Comisión de Seguimiento del Seguro Familiar de Salud y el Plan Básico de Salud.

Esta comisión, de acuerdo a las denuncias del empresariado, a pesar de estar integrada por varios organismos del propio sistema de seguridad social, entre ellos el IDSS, la presidencia del CNSS, los trabajadores y empleadores, se reunió llegando a consenso sobre los temas prioritarios a ser culminados para el inicio del Seguro Familiar de Salud (SFS), elaborando una agenda previa.

Pero sostiene que la Comisión dejó de funcionar cuando SISALRIL abandonó la misma y se interrumpieron los trabajos porque el organismo rector de Salud no participaba.

Una queja constante del empresariado es que una vez arribado a los consensos, cuando van a llevarse a cabo son desconocidos por varios de los actores que representan a uno u otro sector del sistema tripartito.

En octubre del 2005, indica también un documento del Conep, bajo los auspicios de la vicepresidencia de la República, se creó una comisión técnica de trabajo que sustentó la agenda pendiente de realizaciones de la Comisión de Seguimiento, planteando soluciones a cada punto.

Sin embargo, añade que desde noviembre (de 2005) no se reúne esta comisión técnica por solicitud del sector trabajador.

Se resalta que aún están pendientes para poner en marcha una serie de aspectos de tipo normativo, operativo y financiero en el contexto del Seguro Familiar de Salud (SFS).

De aquí que el Conep concluye en que existe una falta de consenso en la solución de estos temas y la falta de liderazgo en el sistema permite que no se llegue a conclusiones.

En tanto se indica en el documento que el sector trabajador no ha querido votar en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) la solución del artículo 165 que involucra también a la SENASA.

Igualmente concluye en que el sector empleador considera que debe existir una auditoría de procesos que garantice el funcionamiento técnico del sistema.

Además, deplora que el IDSS no ha querido hacer las transformaciones gerenciales requeridas para su funcionamiento como ARS, PSS, ARL y estancias infantiles.

En tanto, la Secretaría de Salud Pública no se ha convertido en regulador del sistema de salud, sino que sigue ampliando su planta física.

Expone que la Ley que crea el sistema da los mandatos necesarios para que los superintendentes de Salud y Pensiones, así como el gerente y subgerente general sean establecidos por cuatro años.

Refiere el documento que los mismos vencieron ya desde agosto y diciembre del pasado año 2005, pero que la ley 87-01 permite elegirlos de nuevo para repetir en los cargos cuando previa evaluación, el CNSS los incluya en la terna de candidatos.

A estas alturas, la selección de estas autoridades está trabada por problemas procedimentales en los cuales las tres partes no se han puesto de acuerdo ante una cuestión que ya hay que definir con apego a la ley.