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POR JAIME ARISTY ESCUDER
La política tributaria está distorsionando el mercado de cigarrillos de la República Dominicana.
Al igual que la sobrevaluación del peso ha provocado un aumento del desempleo en las zonas francas industriales por ser un impuesto excesivo sobre las exportaciones, las cargas tributarias a los cigarrillos producirán un aumento del desempleo en la actividad de cultivo y recolección del tabaco, así como en las actividades de fabricación y comercialización de cigarrillos en el país.
La Ley 495-06 del 29 de diciembre de 2006, que consiste en la reforma tributaria más reciente, estableció un impuesto selectivo ad valorem sobre el consumo de cigarrillos con una tasa de un 100%. La base imponible para el cálculo de ese impuesto selectivo ad-valorem es el precio de venta al por menor.
La Norma General No. 10-2006 dictada por la Dirección General de Impuestos Internos establece que el precio al por menor será determinado incrementando el precio de lista, sin incluir descuentos, bonificaciones, donaciones o similares, en un 10%; este porcentaje es equivalente al que resulta de la diferencia entre los precios al fabricante y los precios al por menor.
Esa Norma deja claramente establecido que la base imponible será la misma para distintos tipos de productos, siempre y cuando el precio de lista sea el mismo, sin importar la procedencia de los cigarrillos. Esta decisión es compatible con el mandato de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio que impiden el establecimiento de impuestos internos que funcionen como figuras arancelarias que dificulten -o impidan- el acceso de los productos importados al mercado nacional.
El establecimiento de un impuesto selectivo ad valorem de un 100% provocó aumentos significativos en el precio de los distintos tipos de cigarrillos. El precio al por menor del cigarrillo super premium se elevó en un 85.2%; el precio del premium se incrementó en un 80%; el precio del cigarrillo de valor medio se elevó en un 73.9%; y el precio del cigarrillo más corriente registró una variación de un 76.2%.
La evidencia empírica revela que la reacción de la demanda a los movimientos de precios es baja. Específicamente se ha estimado que un aumento de un 10% en el precio de los cigarrillos reduce en un 3% el consumo de esos productos. Esto significa que un aumento promedio de un 80% en el precio al por menor de los cigarrillos reducirá la demanda en un 24%.
A pesar del descenso del volumen consumido, el Gobierno registrará un aumento de sus recaudaciones, pues el incremento de los impuestos por unidad vendida es superior al descenso de la cantidad demanda. Se ha estimado que, aun cuando el mercado de cigarrillos se reduzca en un 24%, las recaudaciones gubernamentales por concepto de selectivos a los cigarrillos se incrementarían en 2,406 millones de pesos. Hasta en un escenario caracterizado por un descenso de un 30% en la cantidad de cigarrillos, el nivel de recaudaciones se elevaría en 2,004 millones de pesos.
El impacto sobre el empleo del sector será muy negativo. El incremento de los precios al por menor ha sido tan significativo que se registrará una disminución del empleo de los productores nacionales de tabaco, así como de los empleados que laboran en las fábricas de cigarrillos y en las empresas distribuidoras de esos productos. Dado el estrecho vínculo entre la producción y el empleo, se puede estimar que de cada 100 personas que laboran en esas actividades, alrededor de 30 perderán su medio de sustentación.
El valor de la empresa tenderá a disminuir pues la cantidad vendida total de cajetillas se reducirá y, en consecuencia, las empresas que fabrican, importan y distribuyen sufrirán una disminución de su flujo libre de efectivo operativo. Esa disminución del flujo de efectivo repercutiría inmediatamente sobre el valor de los negocios, lo que equivale a decir que el actual impuesto selectivo ad valorem permitiría al Estado apropiarse de una parte del valor de las empresas del sector.
El establecimiento de un impuesto selectivo ad valorem de un 100% no sólo elevó el nivel de precios, sino que le ha permitido a la principal empresa del sector ejecutar una política de precios depredador. La empresa Philip Morris que representa alrededor de un 90% del mercado decidió no elevar sus precios en función de los aumentos de los impuestos, lo cual ha creado una gran dispersión de los precios de los cigarrillos. Esta decisión se explica por el interés de la empresa Philip Morris de expulsar del mercado a los otros dos competidores: Compañía Anónima Tabacalera y a la Brittish American Tobacco.
Las recaudaciones del gobierno se reducirán si Philip Morris continúa absorbiendo las pérdidas que le produce la decisión de aplicar precios depredadores. Se estima que si la empresa Philip Morris mantiene los precios actuales -por debajo en alrededor de un 30% con relación a la estructura de precios que debe prevalecer dado el impuesto selectivo ad valorem- sus utilidades caerían en un monto anual que oscilaría entre los 25 y los 30 millones de dólares. Es obvio que una inversión tan grande sólo se justificaría si la empresa lograse monopolizar posteriormente el 100% del mercado de cigarrillos y, por lo tanto, manipular posteriormente el precio final. El comportamiento depredador de Philip Morris llevará a una guerra de precios. Las otras dos empresas reaccionarían reduciendo también sus precios a los niveles de Philip Morris, pues sus pérdidas representarían un décimo -que es su participación en el mercado- del que registrarían los libros de la empresa estadounidense.
El impacto de una guerra de precios sobre las recaudaciones gubernamentales será negativo. Se estima que en vez de recaudar más de 2,406 millones de pesos, el Gobierno recaudaría una suma que se situaría entre 1,132 millones de pesos (si la cantidad consumida cae en un 24%) y 1,837 millones de pesos (si la cantidad consumida solamente desciende en un 10%).
La posibilidad del auge del contrabando proveniente desde Haití reduciría todavía más la eficiencia recaudatoria del impuesto selectivo ad valorem. El precio promedio actual de la cajetilla de 20 cigarrillos en el mercado haitiano equivale a un 43% del nuevo precio al por menor en la República Dominicana. Esto revela que el contrabando de cigarrillos de Haití al territorio dominicano se convertirá en un negocio extraordinariamente lucrativo, lo cual reducirá las recaudaciones tributarias nacionales.
Ese altamente probable contrabando demuestra que las autoridades nunca debieron establecer un impuesto selectivo ad valorem con una tasa superior al 50% del precio al por menor. Es una pena que el Congreso Nacional haya cometido un error que se traducirá en mayor desempleo y empeoramiento de las condiciones de vida de los cosecheros y trabajadores del tabaco dominicanos.
