Hoy 
El régimen salarial del Estado está plagado de distorsiones y las clasificaciones en cuanto a monto no parecen basarse en la naturaleza de las funciones y los rangos.
Organizaciones de la sociedad civil que han divulgado los resultados de un estudio sobre las características de pagos salariales del Estado han llegado a concluir que el mismo se presta a corrupción.
Se han detectado diferencias inexplicables y tal vez injustificables en los sueldos que se pagan a personas que desempeñan la misma función, pero en diferentes secretarías de Estado.
Por ejemplo y según los resultados del estudio que inspira este comentario, un mensajero interno devenga RD$10,875 en la Secretaría de Estado de Deportes; RD$9,100 en la de Industria y Comercio; RD$7,150 en la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y RD$3,314 en la de Salud Pública.
El estudio detectó diferencias importantes en los sueldos que pagan esas cuatro carteras a secretarias, encargados de compra, auxiliares de compra, contadores, encargados de contabilidad y otros.
¿Qué criterio podría justificar diferencias tan pronunciadas en los niveles de sueldos que se aplican en estas cuatro secretarías tomadas como muestra para funciones que no guardan diferencias entre sí?
Por principio de equidad, sobre todo en un mismo ámbito, los niveles de sueldos para cada función deberían ser los mismos en las instancias del mismo rango, como es el caso de las secretarías, direcciones generales y otras dependencias.
II
Pero también hay distorsiones importantes en lo que concierne a la incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa.
El proceso de incorporación parece estar huérfano de los instrumentos de clasificación y evaluación necesarios para determinar cuándo un servidor público merece ser incorporado.
Como en el caso de los salarios, no hay manera de entender cuál es el criterio que domina esta reivindicación establecida por ley y que debería ser cumplida al pie de la letra a partir de los perfiles que definen la calidad de cada servidor.
Es probable que prevalezcan, en materia salarial, criterios atrasados que atan los niveles salariales a cuestiones de preferencias políticas, y si es así, hay que empezar a desmontar estos criterios.
El Estado dominicano se ha modernizado bastante y de eso no hay duda. Ha habido cambios estructurales importantes, que han contribuido a una mejor organización y a darle funcionalidad a ciertas áreas vitales para impulsar el desarrollo.
Sin embargo, en la organización administrativa del Estado quedan remanentes de atraso que no tienen justificación de existir en estos tiempos.
Los salarios del Estado tienen que estar sujetos a criterios relacionados con la importancia de las funciones y el rango desde el cual se ejercen en cada caso.
El régimen de contratación pública debe ser aplicado en este ámbito con todo rigor y debería prevalecer el criterio de licitar las contrataciones para funciones públicas.
Hay que empezar a desmontar las distorsiones que no tienen razón de ser en un Estado en vías de modernización.
Los salarios deben corresponderse con la naturaleza de la función y la capacidad requerida para desempeñarla en cualquier ámbito de la administración del Estado. Y la incorporación a la carrera administrativa debería ser ágil, sin altibajos que parecen escapar de la razón de ser de esta reivindicación.
