Luego de eludir la posible crisis constitucional que habría generado un intento reeleccionista por parte del Presidente, la sociedad dominicana no ha podido concentrarse nuevamente en los temas sin resolver de la implementación de la nueva Constitución. 

La razón no es otra que la alharaca que se ha montado en torno a la (“declinada”) precandidatura presidencial de la primera dama.  Como ya se retiró de la contienda (y cómo se habló mucho y bien de los problemas institucionales que dicha candidatura implicaba), el caso no tiene interés actual desde el punto de vista del Derecho Constitucional.

Ahora bien, todo este espectáculo sí ha tenido un efecto indirecto nocivo para la institucionalidad democrática.  Ha desplazado del debate público dos temas de discusión sumamente importantes: la que trata sobre la constitucionalidad de las leyes orgánicas y los efectos que tendría en el sistema democrático dominicano la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura al amparo de una ley cuya constitucionalidad se encuentra seriamente cuestionada.

Desde que el Presidente informó a la población de que no intentará lo que la Constitución le prohíbe (aunque él lo puso en otras palabras), la atención nacional se volcó a su posible sucesión como candidato del partido oficialista y a la esperada sorpresa de la candidatura de su cónyuge. Mientras tanto, el tiempo pasa y no hay claridad en la actitud que tomarán los responsables de la implementación de la Constitución.  De hecho, se contradicen unos a otros sobre el estatus jurídico de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y todos parecen jugar al tiempo.

Es inaceptable, e injusto con los ciudadanos, que se esté tratando asuntos de esta importancia como si fueran simples temas mediáticos.  No lo son, y pretenderlo sólo agrava el daño ya causado a la legitimidad política y social del inacabado proceso de reforma.  ¿Cómo se justificará ante los ciudadanos la autoridad del Tribunal Constitucional, o del Tribunal Superior Electoral, cuando su proceso de implementación amenaza con ser viciado?  ¿Cómo se explicará su importancia cuando se han dejado pasar todos los plazos sin cumplirse con los cometidos que ellos ordenaban?

No existe forma de compatibilizar la manera en que se ha llevado este proceso, el desinterés que se ha mostrado frente a los conflictos institucionales resultantes de ello y el supuesto interés en fortalecer la democracia al que apelan los políticos dominicanos.  Esta Constitución no se puede considerar completa, sino hasta que los órganos encargados de garantizar su supremacía no estén instalados y funcionando.

De nada valen los discursos, las declinaciones y los supuestos sacrificios por la patria si la clase política no asume la responsabilidad de cumplir aquello a lo que ellos mismos se obligaron.  No se trata de un juego de niños ni de una campaña publicitaria.  Es un tema serio que requiere atención inmediata, sin más dilaciones ni distracciones.  Mientras más se tarde en atenderlo más daño se permite que sufra la Constitución.