POR EVARISTO RUBENS
Si se aprueba tal y como está el proyecto de ley que establece sanciones a los delitos del área de los combustibles fósiles y derivados del petróleo, el país se expone a ser sancionado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tal es el criterio de las compañías distribuidoras de carburantes Shell, Texaco, Isla y Esso.

Gerardo Simón y Rosanna Grullón, quienes hablaron a nombre de esas empresas, expresaron que el país, en vez de establecer más regulaciones, como figuran en la pieza, debe iniciar el proceso de desregulaciòn y liberalización del mercado del transporte de los combustibles, en el que rija el principio de la libre participación de los agentes, sin limitaciones.

Dijeron que la única intervención que debe tener la secretaría de Industria y Comercio en el mercado de los combustibles, » es la de velar, garantizar y controlar que los transportistas operen en cabal y estricto cumplimiento de los requisitos operativos y de la seguridad, a fin de que el transporte de los carburantes en las carreteras se realice en forma profesional y segura para la comunidad y se asegure que los consumidores reciban la calidad y cantidad de producto adecuadas, por lo cual están pagando».  

Indicaron que con este proyecto de ley, aprobado por el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados, se incrementan las ya numerosas regulaciones existentes en el transporte terrestre de los combustibles en el país, contrario a lo que está ocurriendo en América Latina, en donde han sido eliminadas en la medida en que los países han avanzado en su desarrollo económico a través de la promoción de la libre competencia y el mercado.

Simón, asesor de las distribuidoras de carburantes, y Grullón, ejecutiva de Texaco, precisaron que el costo del transporte de combustibles en el país es de los mas caros del mundo, y lo que se propone en la pieza les aumentaría más el precio a los consumidores.

Afirmaron que es inaceptable que mediante ese proyecto de ley se pretenda regular, controlar y distribuir la participación de los diversos sectores en el mercado de los combustibles.

Señalaron que las limitaciones establecidas en los artículos 17 y 18 del proyecto, mediante las cuales se establece que no se otorgarán registros y/o licencias de operación a las empresas distribuidoras que superen el 35% del volumen de combustible que comercializan, ni a los transportistas que detenten mas de un 25% de las licencias para operación de unidades de transporte, «son un atentado a la libre competencia y mercado.»

Asimismo, «distorsiona el funcionamiento del transporte y constituye una barrera de acceso a nuevos participantes en el mercado, lo cual es violatorio de los principios del GATT».

Expresaron que con ese proyecto se busca establecer protecciones especiales a favor de los transportistas en detrimento de las distribuidoras, mediante la regulación de las relaciones comerciales entre ambos y la obligación de renovar los contratos entre las partes y la imposición de indemnización en caso de terminación de esos contratos.

Dijeron que el establecimiento de ese tipo de legislación sería «un precedente funesto contrario al Acuerdo de Libre Comercio negociado por República Dominicana con los Estados Unidos, el cual afectaría la competitividad del país en un ambiente económico global y crea un ambiente negativo para atraer la inversión extranjera.»

Informaron, además, que las empresas distribuidoras de combustibles no se oponen al proyecto de ley que castiga las adulteraciones de los carburantes.

Señalaron que apoyan esa pieza en todas sus partes, pero que rechazan el otro proyecto que establece nuevas regulaciones al comercio de los combustibles en el país.

Aseguraron que los dos proyectos fueron unidos en el Senado y aprobados al vapor, sin hacerle caso a las observaciones que hicieron las empresas distribuidoras de combustibles que operan en el país.