Distribuidoras de energía deben pasar de intenciones a acciones

Distribuidoras de energía deben pasar de intenciones a acciones

El Consejo Nacional de la Empresta Privada (CONEP) consideró ayer que el Estado y las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben pasar de las intenciones a las acciones de cobro y procurar que el grueso de los fondos públicos que se transfieren al sector sean orientados a mejorar el sistema de distribución y los mecanismos de cobranza.

Además opinó que para transparentar la situación financiera del sector y sanear las empresas públicas, cada empresa eléctrica estatal debería ser evaluada por su desempeño financiero y sus ingresos destinarse exclusivamente a cubrir sus gastos de operación y mantenimiento, sus costos de capital y su expansión dentro de su campo de acción.

 “No hay forma de alcanzar la sostenibilidad financiera de una industria eléctrica que cobra el 50% de la energía puesta en redes y en donde el manejo de la factura se ajusta a las necesidades políticas de la coyuntura”, precisa un estudio del CONEP preparado por la firma consultora Ecocaribe y que fue puesto en circulación ayer en un encuentro con la prensa, encabezado por Lisandro Macarrulla, presidente de la entidad empresarial.

 Señala que pueden haber subsidios cruzados y el Estado puede añadir nuevos financiados con recursos públicos. No obstante, expresa que para alcanzar un sistema eléctrico confiable hay que procurar que cada kilovatio hora de energía servida  se facture y que se cobre a precio a  cuyo promedio ponderado refleje los verdaderos costos del servicio. Indica que en una industria eléctrica integrada por empresas rentables, los conflictos entre Estado y empresas, entre empresas y  y consumidores se consideran parte de la rutina. Agrega que en la industria eléctrica nacional esos conflictos adquieren singularidad porque el Estado, las empresas y los consumidores procuran el singular objetivo de asegurar el suministro confiable de energía al margen del cobro de la energía servida y de precios que reflejen los costos. El estudio del CONEP señala que el déficit de generación se explica fundamentalmente por la insostenibilidad financiera de una industria eléctrica que sobrevive en base a recursos públicos siempre inciertos.

 Sostiene que reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de distribución, mejorar el área comercial y la  calidad del servicio y aumentar la cantidad de energía que se cobra demanda decisiones políticas e inversiones. Considera que la focalización del subsidio en término del ingreso familiar no es ya un tema de discusión. El Estado, las empresas y los consumidores no pueden mantener subtsidios geográficos ni proveer a los más pobres toda la energía gratis o subsidiada que decidan consumir. El rompimiento de una cultura del no pago exige que la población tome conciencia de la cantidad de energía que consume, dice el documento del CONEP.

 Explica que cada usuario o grupo debe tener un medidor y pagar en proporción a la energía que consume.

 Señala además que la tarea institucional más urgente es ajustar la estructura y el sistema de precios a los criterios establecidos en la ley. Precisa que hay que transparentar la situación de las empresas públicas y privadas que participan en el negocio eléctrico y asegurar los criterios de división y no vinculación. El CONEP recuerda que la Ley General de Electricidad diferencia claramente las empresas de los organismos públicos y establece la igualdad de todas las empresas ante el regulador. La confusión de roles entre empresas públicas y organismos normativos y reguladores tiene que ser superada en los términos que la ley establece.

Las claves

1.  REGLAS

Una industria eléctrica requiere reglas claras y respetables y una autoridad pública que las haga respetar.

2.  Autoridad

La falta de reglas respetadas y de autoridad pública fuerte y confiable afecta el flujo de capitales, eleva el riesgo y con ellos los costos de la industria, aleja las empresas más atractivas y permite que los más fuertes y osados impongan sus intereses sobre el interés público que el Estado está llamado a defender. La dinámica del sector obliga a modificar periódicamente las leyes y los reglamentos.

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