Las advertencias hechas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sobre las sanciones previstas para las empresas que activen teléfonos móviles robados, abre una brecha para reclamar que procedimientos similares sean aplicados en otros casos reñidos con la ley.

La advertencia se hace oportunamente, en momentos en que delincuentes han asesinado a personas para arrebatarles teléfonos celulares que posteriormente venden a terceros y que son activados por gente dedicada al negocio de la telefonía móvil.

Pero hay otros ámbitos en los que es necesario asumir una actitud firme contra el robo y venta de pertenencias.

Aquí es frecuente el robo de cables eléctricos, luminarias de puentes y vías públicas, piezas y estructuras de metal, y a pesar de la gravedad de estos hechos nadie ha osado perseguir de manera persistente a quienes se benefician de estos robos.

No es difícil cuantificar el número de empresas y personas dedicadas a la compra, almacenamiento y exportación de metales, así como a la fundición de los mismos.

Sin embargo, no se tiene cuenta de que se haya sancionado con severidad a nadie de estos ámbitos por la práctica de sustracción, trasiego, venta y compra ilegal de metales, a pesar de los enormes perjuicios ocasionados principalmente al patrimonio público y en menor medida al sector privado.

-II-

La severidad de las sanciones por la activación de celulares robados, aparte de que tienen el propósito de disuadir a quienes se dedican a robarlos, a quienes los compran sin reparar en que son mal habidos y a quienes los activan, se justifican por los casos de homicidio cometidos durante operaciones de despojo de estos aparatos de comunicaciones.

Pero nada semejante hemos hecho contra reconocidos jerarcas que roban la propiedad intelectual mediante la reproducción y venta ilegal de obras musicales y cinematográficas, así como el pirateo de literatura de todo tipo. La acción más bien se dirige contra indefensos vendedores que buscan la subsistencia ante la ola de desempleo que azota el país.

En el caso de los teléfonos celulares, cada unidad tiene encriptada en su sistema operativo una identidad que las empresas telefónicas tienen debidamente registradas. Inclusive, se logra identificar por estas codificaciones alfanuméricas el origen del aparato, si ha sido traído del extranjero, y la compañía en que estuvo activado en caso de que no sea nuevo.

De ahí el llamado de Indotel para que toda persona que haya perdido un celular o haya sido despojado del mismo denuncie el caso ante ese instituto, la Policía Nacional o la firma telefónica de la cual es cliente. Hay que acoger este consejo para ayudar a contrarrestar la ofensiva de los delincuentes.

Pero estos disuasivos no deben limitarse a la telefonía celular. Se nos ocurre que en otros ámbitos, ajenos, por supuesto, a las telecomunicaciones, es posible establecer procedimientos similares que permitan seguirle el rastro a piezas y estructuras, cables eléctricos y otras partes metálicas, así como propiedad intelectual que se sustraen con demasiado frecuencia e impunidad en nuestro país.