Los juristas Servio Tulio Castaños Guzmán, Eduardo Jorge Prats y Olivo Rodríguez Huertas coincidieron en señalar que la falta de coordinación institucional que existe en el país para cobrar arbitrios afecta cada vez más el desarrollo de sectores como el de las telecomunicaciones y el hotelero.

Los ayuntamientos tienen que entender que debe haber una coordinación, inclusive, a la hora de emitir resoluciones, porque parecería que vivimos en un sistema federal en donde cada ayuntamiento tiene una lógica totalmente diferente a la del otro, dijo Castaños Guzmán durante un panel sobre Impuestos Municipales. Otro ejemplo que citó el jurista es que muchas veces se emiten resoluciones autorizando el cobro de arbitrios que chocan con la Constitución de la República, y que como la justicia es lenta hasta tanto no interviene una solución definitiva los ayuntamiento siguen cobrando los impuestos de manera inconstitucional.

De su lado, Jorge Prats consideró que la recaudación de arbitrios no puede estar al margen de los principios que indican que debe existir una tributación razonable que respete los procedimientos que obligan a una consulta pública antes de disponer nuevos impuestos.

Mientras que Rodríguez Huertas reveló que en el caso de las telecomunicaciones el cobro de doble tributación es aún más grave que el hotelero, porque ya la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia que establece que los impuestos a ese sector solamente serán de alcance nacional. Entonces allí lo que hay es un irrespeto a una sentencia dictada en materia de control de constitucionalidad, por una vía inaceptable que están poniendo los municipios, indicó Jorge Prats.

Y agregó, aquí lamentablemente nos sentimos desvinculados de la ley, y eso es producto de que vivimos en una sociedad de impunidad donde no existe una consecuencia para las acciones; entonces por eso los ayuntamientos que saben de esa sentencia les retienen los documentos y no le sellan los permisos que requieren las empresas para poder operar.

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Soluciones

El abogado Rodríguez Huerta sugirió que una salida legal a la doble tributación sería la eliminación del sellado que requieren los permisos para construir hoteles o levantar torres. Mientras que Castaños Guzmán propuso que cuando el Tribunal Constitucional decida sobre un caso en el que se ha cobrado arbitrio de manera indebida, se devuelvan retroactivamente los recursos a la empresa afectada.