Representantes de 12 países de América Latina iniciaron ayer una cumbre para buscar soluciones regionales al éxodo masivo de venezolanos, mientras Amnistía Internacional hizo un llamado a proteger los derechos humanos de los desplazados.
Del debate que se lleva a cabo en Quito y se extenderá hasta el martes participan Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La Organización de los Estados Americanos (OEA) fijó para el miércoles una sesión extraordinaria «por la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela» en la sede del organismo en Washington.
En tanto, el presidente colombiano Iván Duque anticipó en Bogotá que durante la visita del mandatario estadounidense Donald Trump a su país en noviembre una de las prioridades será la situación de los venezolanos en la región.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo en una carta a los gobiernos de la región que millones de venezolanos fueron obligados «a dejar todo atrás y caminar durante días para escapar de las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, incluidas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones de sus derechos a la alimentación y la salud».
Añadió que una solución requiere liderazgo y cooperación internacional. «Los países vecinos deben mostrar solidaridad y comprometerse a proteger al pueblo de Venezuela en su momento de necesidad». Más de 2.3 millones de personas, un 7% de la población total de Venezuela, han dejado el país en los últimos tres años de acuerdo con cifras de Naciones Unidas. La mayoría se ha refugiado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Duque propuso que la región aísle diplomáticamente «a un régimen dictatorial que ha arruinado las libertades, que ha destruido la economía» sin perjudicar al pueblo venezolano. La semana pasada Perú y Colombia acordaron que compartirán una base de datos sobre la salud, educación y seguridad de los venezolanos que entran, permanecen y salen de sus países para facilitar la toma de decisiones en política migratoria.