Hoy 
POR CLAUDIO CABRERA
¿Cuánto costará a las autoridades asistir a los pequeños y medianos agricultores dominicanos, subsidiarlos para lograr un despegue suave de este segmento productor de alimentos en el campo y qué impacto tendrá el RD-Cafta en lo inmediato? La respuesta en gran medida brota de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual prevé que la entrada en vigor del acuerdo comercial RD-Cafta provocará una situación adversa para los pequeños productores de cultivos tradicionales.
La situación sería agravada porque los costos de subsidios para este amplio segmento productivo serían muy elevados, lo que hará que los gobiernos comprometidos en el programa recurran al financiamiento multilateral para facilitar la transición a los productores.
En un documento de consulta elaborado por los economistas del BID, Manuel R. Agosin y Ennio Rodríguez, denominado «Libre Comercio en América Central: ¿Con quién y para qué? Las implicaciones de Cafta», se exponen los problemas que el sector agrícola tradicionalmente menos protegido confronta con el nuevo escenario económico.
El documento elaborado al final de junio de este año refiere, no obstante, que «CAFTA obligará a los países de la región a realizar esfuerzos por aumentar la productividad, mejorar el entorno empresarial y hacer más eficiente la acción del Estado».
Advierte que «a medida que se vaya avanzando hacia el libre comercio, uno de los desafíos más importantes será la necesidad de enfrentar la reconversión de los pequeños productores agrícolas no competitivos».
No obstante estos efectos sectoriales previstos, sostiene el informe que desde el punto de vista del consumidor, CAFTA «indudablemente va a llevar a una caída en los precios relativos de los bienes importados, entre los que se encuentran algunos bienes de la canasta básica, favoreciendo, en particular, a los pobres».
Partiendo del análisis que considera que en un período apropiado habrá una transición total hacia el libre comercio, y se llegará a la liberalización de todos los productos agropecuarios por ambas partes, con las contadas excepciones a que se acogieron cada uno de los países comprometidos en el acuerdo.
Se considera que como parte de dicho escenario, el ajuste en los sectores agroalimentarios en los países centroamericanos es inevitable, lo mismo que en el caso dominicano.
«Entonces, el principal desafío de la transición al libre comercio será lograr el aumento de la productividad o la reconversión de los productores agrícolas no competitivos internacionalmente y que en el presente dependen de la protección en frontera para su supervivencia».
Se añade que, no obstante, es muy probable que la producción de algunos alimentos tenga que disminuir.
Para el caso de los productos agrícolas de importación a Centroamérica y República Dominicana, los países de la subregión eliminarán gradualmente los aranceles en plazos de entre 12 y 15 años.
Para el caso de productos más sensibles como lácteos, carne de pollo y arroz, los aranceles se eliminarán en plazos más largos.
Los países comprometidos con el RD-Cafta dieron acceso libre de aranceles a los Estadios Unidos en el marco de contingentes arancelarios para esos productos, que representan un porcentaje significativo del comercio.
«En estos productos -sostiene el documento del BID-, aunque los beneficios de largo plazo de dicha liberalización pueden ser importantes, en el corto plazo, si no se les atiende adecuadamente, el desplazamiento de pequeños productores podría llevar a un aumento de la pobreza».
AGENCIAS MULTILATERALES ACUDIRÁN
El estudio del BID sostiene que la reconversión es particularmente difícil en economías poco desarrolladas como las latinoamericanas.
Pero se tiene previsto que los organismos multilaterales podrían ser un eje de apoyo a los gobiernos dentro del contexto de este proceso.
De un lado, sostiene que los pequeños productores agrícolas carecen de los medios tecnológicos y del acceso al financiamiento para cambiar de rubro o cultivo, dentro o fuera de la agricultura.
En otro orden, los gobiernos tienen restricciones fiscales para financiar fondos de reconversión, aunque sin duda, los gobiernos dedican significativos recursos para subsidiar a los intereses agrícolas nacionales. Estos fondos podrían ser reasignados para fines de reconversión en el área.
«Con todo -sostiene el documento-, la experiencia internacional muestra que los costos de reconversión son muy elevados, lo que hace muy probable que los recursos disponibles sean insuficientes y que tengan que ser suplementados con financiamiento proveniente de las instituciones multilaterales».
Aunque los beneficios netos del RD-Cafta «serán indudablemente importantes y positivos, es bueno recordar que todo proceso de apertura tiene perdedores, algunos de los cuales no están en condiciones de asumir los costos».
Resalta que los lectores adversamente afectados «seguramente se concentrarán en el sector agroalimentario», puesto que es probable que los agricultores pobres y de baja productividad que hoy dependen de la protección de la frontera se vean perjudicados por la liberalización del comercio agrícola.
Sostiene el estudio que para evitar esta situación se precisa que la comunidad internacional apoye el proceso de reconversión con los recursos financieros y con la cooperación técnica en la que las autoridades pueden dar respuesta para tales fines.
Pero resalta que en gran medida hay que tomar en cuenta que para lograr los cambios positivos que sobrevendrán como resultado del inicio del libre comercio, los países de Centroamérica y la República Dominicana deberán modernizar su entorno institucional, desde sus marcos regulatorios hasta sus normativas laborales y ambientales.
De otra parte, los países deberán esforzarse para aprovechar las nuevas oportunidades que se abren con RD-Cafta y enfrentar sus desafíos.
Para esto será imprescindible que los países hagan fuertes inversiones en mejorar el entorno competitivo de su sector privado, que van desde infraestructura hasta educación y salud «pasando por la modernización de sus sectores financieros para asegurar que las empresas que están en condiciones de competir tengan acceso adecuado al crédito».
