Documentos públicos oficiales inservibles

Documentos públicos oficiales inservibles

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Al parecer, en nuestro país todavía no ha calado el principio de la continuidad del Estado, ya que se desconocen acciones y documentos emitidos y validados en administraciones anteriores, obligándose a los tenedores de dichos títulos a obtenerlos de nuevo, so pena de impedírsele su utilización en dependencias estatales, conculcándoles un derecho adquirido por el cual el contribuyente había pagado al fisco los impuestos correspondientes. En efecto, las actas de nacimiento que emiten las Oficialías del Estado Civil, dependencias de la Junta Central Electoral, aunque estén legalizadas por ese organismo, sólo tienen una validez de tres meses.

Esto es algo insólito, ilegal y un atropello económico a un pueblo  paupérrimo, que tiene que “pagar” obligatoriamente por un acta de nacimiento nueva, de lo contrario, quedarse sin el documento solicitado, lo cual trae como presunción que los dominicanos “nacemos trimestralmente”.

El problema se suscita cuando el Estado Dominicano pretende prevalecerse de una falta imputable a sus funcionarios, quienes por indolencia o apatía han permitido en la Oficialía del Estado Civil que un libro registro haya sido víctima de la polilla, la carcoma, el comején; o que producto de una filtración, los hongos y la humedad acabaran con el papel de baja calidad utilizado. Es en estos casos que el solicitante debe pagar bien caro la reconstrucción de su acta, que incluye la utilización de un mensajero que debe, en la demarcación dada, solicitar constancia en otras tres dependencias antes de que la Junta Central Electoral (JCE) autorice la emisión del preciado documento. En otros países con mayor apremio monetario que el nuestro, este documento se expide gratuitamente, porque se argumenta que una de las funciones esenciales del Estado, es suministrar una identidad a cada uno de sus ciudadanos. En nuestro país, estos trámites constituyen un negocio lucrativo y ser oficial del estado civil significa ir a un cargo, que aunque mal remunerado, es apetecido por encumbrados políticos y burócratas por las entradas económicas que genera.

Tenemos un organismo que debe vigilar por la erradicación de la corrupción. Pero, cuando a un pobre infeliz se le esquilma RD$3,000.00 por sacar un acta de nacimiento que por derecho le corresponde casi gratuitamente, la intervención del Departamento de Prevención Contra la Corrupción (DEPRECO) debería ser inmediata. Y que no salgan con la desfachatez de que ignoran lo que esta sucediendo, ya que las quejas son a diario aunque muchas personas tienen temor a denunciar estas anomalías por temor a represalias y que sus documentos sean demorados “involuntariamente”.

El Registro de Títulos no se queda atrás en cuanto a exigencias inconstitucionales se refiere. El año antepasado, a quien estas líneas garrapatea un amigo que vive en el exterior le había extendido un poder para vender un solar de su propiedad. Cuán no sería nuestra sorpresa, cuando al firmar el documento de venta y el comprador irlo a registrar, le manifestaron que ese poder tenía más de un año y que si no era uno reciente no le podían registrar el acto. Que sepamos, el poder sólo prescribe por su revocación o por haberse cumplido el motivo que lo originó. Pero, como el que tenía el sartén por el mango era el Registrador, tuvimos que redactar el mismo de nuevo, enviarlo a Puerto Rico, legalizarlo por el cónsul nuestro y también en la Cancillería. Resultado. El Estado cobró ilegalmente, más de mil pesos, sin contar que el amigo tuvo que pagar de nuevo los honorarios del notario.

Abrigamos cierta esperanza cuando apareció el 2 del mes que discurre la información de que el presidente de la (JCE), doctor Luís Arias criticó que algunas dependencias oficiales y consulares limiten el tiempo de validez de los documentos que expiden las Oficialías del Estado Civil. Asimismo, que la Dirección de Pasaportes restrinja, al igual que las otras dependencias, la duración de las actas de nacimiento a tres meses de duración. Pasado ese tiempo, los portadores de las actas “vuelven a nacer” y deben versar sumas que oscilan entre ochenta y tres mil pesos para que le expidan otra acta “válida por tres meses”. Como diría el Coctelero: “Así si es bueno Magino”, cogiendo piedras para los más chiquitos.

Tenemos una Suprema Corte de Justicia que es un primor en eficiencia cuando se trata de la extradición de un dominicano solicitado por las autoridades norteamericanas. Sin embargo, cuando es un caso de determinar la inconstitucionalidad de una ley, decreto, etc., se pasa estudiando una petición de cinco páginas más de cuatro años, como ha sucedido con un incidente que le hemos planteado. También acusa lenidad contra actuaciones inconstitucionales efectuadas por sus propios empleados, como es la no aceptación de un poder que tenga  una duración mayor que la que ellos -a su libre albedrío- consideren  que debe ser instrumentado de nuevo.

Nosotros nunca hemos entendido, como funcionarios que tienen la autoridad para actuar y cambiar situaciones ambivalentes, se destapan con declaraciones pueriles, que si se respetaran y ejercieran su autoridad, las enmendarían en lo que se dice “perejil”. Pero que va. Es más fácil denunciar y echarle la culpa a otro, que empantalonarse y aplicar la ley para extirpar el mal de cuajo. Mientras nuestros funcionarios, que se les paga para que cumplan con su deber, desconozcan el alcance de sus poderes y obligaciones, estaremos viviendo en un Estado dubitativo, arbitrario y al borde de la ley.

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