Aunque el Estado se rige por las pautas jurídicas garantes de libertades y derechos, y administradoras de deberes, en 20 años de intentos no ha sido posible que la voluntad política superara la influencia del dogma para dotar al país de un Código Penal reconocedor y protector de prerrogativas de vida exclusivas de la mujer. De manera asombrosa, esa influencia se ha impuesto sobre la fuerza que supone el hecho de que el partido político a que pertenece el Poder Ejecutivo sea poseedor de mayoría abrumadora en el Congreso. Ni siquiera esa capacidad conjunta ha logrado la razonable y pertinente inclusión de la interrupción del embarazo atendiendo a las causales anotadas en las observaciones que en más de una ocasión ha hecho al proyecto el Presidente de la República.
Por veinte años, la República Dominicana ha estado sometida a regir su justicia por medio de un Código Penal atrasado en el tiempo y desfasado de los progresos que han alcanzado las prácticas delictivas, cada vez más desafiantes y complejas. En el caso de la prohibición tajante de la interrupción del embarazo, se ha estado imponiendo una violación sistemática del derecho exclusivo y particular que tiene la mujer para preservar su vida ante una amenaza orgánica y su integridad cuando el embarazo obedeciera a causa de fuerza y ofensa de la dignidad. El dogma y ciertos intereses coyunturales se han impuesto de nuevo a la razón y al derecho.

¿Indocumentados o exiliados?

El Gobierno debería extender una consideración especial a los venezolanos, muchos de ellos indocumentados, que se han refugiado en República Dominicana huyendo de las consecuencias de la crisis institucional que vive su país. En un vídeo colgado en las redes sociales, un grupo de jóvenes venezolanos cautivos en el vacacional de Haina y afrontando expectativas de repatriación, ha pedido que se les permita permanecer aquí por las causas que los obligaron a exiliarse. Creemos que ese pedido es justo y razonable.
El Gobierno dominicano, que ha sido tímido al fijar posición ante la crisis institucional de Venezuela, debería asumir un gesto humanitario ante el caso de estas personas que huyen de la explosiva situación política y la crisis económica de su país. Hoy por ellos y en el pasado por nosotros.