Hoy 
La gran tarea de los dominicanos que luchan por la consolidación del Estado de Derecho es y debe ser la de someter la Administración Pública a Derecho.
Sin esa sumisión de la función administrativa al ordenamiento jurídico como ordena el artículo 138 de la Constitución- no es posible reformar al Estado, racionalizar el gasto público, combatir el clientelismo político y la corrupción pública, lograr la seguridad jurídica que requieren los inversionistas nacionales y extranjeros y enfrentar adecuadamente los retos que implica la inserción en mercados crecientemente globalizados.
¿Cómo lograr domesticar ese gran ogro filantrópico (Octavio Paz) que es nuestra Administración Pública? Lo primero es restringir el poder de designación presidencial a los altos cargos de dirección política que son funciones de la confianza ejecutiva y que, en consecuencia, son de libre remoción. Lo segundo es implementar la carrera administrativa para dotar a la Administración de un régimen de personal que permita que la actuación administrativa sea verdaderamente racional, imparcial y objetiva, y que los cargos en ésta no sean simple botín de los partidos. Estas dos reformas constituyen un verdadero giro copernicano en la función administrativa y se equiparan en profundidad y trascendencia a la eliminación de los cacicazgos regionales a principios del siglo XX.
En tercer lugar, pero no menos importante, es la aprobación y aplicación de una Ley General de la Administración Pública que termine con la duplicidad de funciones, la superposición de tareas y el caos que caracteriza la organización administrativa. Esta ley debe contribuir al adelgazamiento de la Administración y a hacer más eficiente el desempeño de sus tareas. Esta ley debe permitir una mejor coordinación de la Administración central y de las Administraciones autónomas, al tiempo que permitirá un más eficaz despliegue de los principios de jerarquía y responsabilidad. Esta ley debe contemplar el régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos y del Estado en sentido general.
Last but not least, se requiere la aprobación e implementación de una Ley de Procedimiento Administrativo que encuadre legalmente la acción administrativa, que permita el control interno vía los recursos administrativos de la actuación estatal y que someta finalmente a control judicial esta actuación. En la actualidad, somos uno de los pocos países del ámbito latinoamericano y europeo que carece de un régimen de procedimiento administrativo, lo cual contribuye a que la acción administrativa no pueda ser controlada ni a nivel interno por la propia Administración ni a nivel externo por los tribunales. Por eso, nuestra Administración es un verdadero chivo sin ley.
Finalmente, debemos enfatizar que la sumisión de la Administración a Derecho no se logra solo a través de reformas constitucionales y legales. Como bien expresa el eminente iuspublicista argentino Agustín Gordillo, la clave del buen funcionamiento de un sistema está no tanto en su texto como en los valores con los cuales los ciudadanos efectivamente se comporten, y que de nada vale, sin tales valores, cualquier esquema constitucional y cualquier aspiración que plasmemos. La reforma de la Administración es, en consecuencia, una reforma moral, una reforma política, una reforma cultural y una reforma legal. Ella requiere líderes sociales y de los partidos que la encabecen, ciudadanos, organizaciones y opinión pública que la cultiven y legisladores, administradores y jueces que la aprueben e implementen.
Hay que desterrar la Administración paralela, informal, arbitraria y secreta que nos acogota y construir una nueva Administración, un nuevo Estado. Un Estado que cumpla religiosamente su palabra, que pague los daños causados, que sea transparente, que indemnice al expropiado, que publique las normas y que proteja los derechos del administrado. En definitiva, hay que reinventar el gobierno y, aunque para algunos nos sobra tiempo, en realidad no podemos seguir postergando esta patriótica, ineludible e indefectible tarea a la cual deben dedicarse todos los hombres y mujeres que quieren construir y vivir en un mejor país.
El nuevo gobierno debe incorporar como una de sus tareas fundamentales, urgentes e impostergables, someter la Administración a Derecho, sin lo cual no es posible emprender ninguna de las importantes reformas que en el ámbito social y económico prometió el candidato electo y a partir del próximo 16 de agosto Presidente de la República, Lic. Danilo Medina.
