ROSARIO ESPINAL
Reformar una Constitución es abrir una caja de pandora política, más aún en América Latina donde, en las últimas décadas, ha predominado la idea de que las constituciones deben amparar todo tipo de derechos, desde los económicos hasta los referentes a la vida privada.

Se reformen muchos o pocos artículos, los temas más controversiales dominan el debate político y tienden a dividir a los líderes y a la ciudadanía. Por eso, en vez de ser procesos armoniosos y racionales, las reformas constitucionales producen generalmente un clima de polarización política.

Cuando el Congreso realiza los cambios constitucionales, las fuerzas partidarias mayoritarias en el Legislativo dominan en la toma de decisiones. Cuando se elige una Asamblea Constituyente por voto popular para que haga los cambios, también dominan los partidos políticos.

La razón es que los partidos tienen más experiencia, estructura y recursos para competir electoralmente que las organizaciones cívicas; además, tratan de colocar sus seguidores en puestos que sean asignados a la sociedad civil.

En América Latina, la experiencia más reciente de elección de una Asamblea Constituyente es la de Bolivia, y tanto en el proceso eleccionario como en los resultados se evidencia el predominio de los partidos.

El 2 de julio se eligieron 255 asambleístas para reformar la Constitución. Según la normativa establecida, las 70 circunscripciones del país elegían tres representantes cada una, mientras los nueve departamentos elegían cinco representantes cada uno. De acuerdo a la Ley de Convocatoria, la Asamblea Constituyente tiene la misión de realizar una reforma total a la Carta Magna en un período no mayor de un año.

Al final del proceso, el pueblo ratificará o rechazará el texto constitucional en un referendo. Con una fuerza electoral de 54% emanada de las elecciones del 18 de diciembre pasado, y una popularidad incrementada por las recientes medidas de nacionalización de los hidrocarburos, el Movimiento al Socialismo (MAS) que dirige Evo Morales estuvo bien posicionado para conseguir una amplia representación en la Asamblea.

De todas maneras, la campaña electoral fue intensa y polarizada, a tal punto que una encuesta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos reveló que el 84% de los bolivianos se sintió agredido por la “campaña sucia”.

 La confrontación partidaria se centró en el MAS y el opositor Poder Democrático y Social (PODEMOS). Referencias a Chávez, Bush, Fidel, la iglesia, los indígenas, los ricos y los pobres sobrecargaron el discurso político.

En el debate electoral se presentaron planes de cambios en áreas estructurales de la economía y la política, y sugerencias para una gama de reformas, tales como, instaurar el uso obligatorio de idiomas nativos (quechua y aymara), incorporar principios indígenas de orden y justicia, eliminar el carácter oficial de la religión católica, abolir el servicio militar obligatorio, imponer la pena de muerte, cambiar los símbolos patrios y elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por voto popular.

Sobre la economía, el MAS planteó la liquidación del neoliberalismo y la implantación de un sistema comunitario y solidario donde el Estado sea el principal protagonista como dueño de los recursos naturales, partícipe mayoritario en la producción, regulador del mercado y redistribuidor de la riqueza hacia los sectores desposeídos. PODEMOS y otras fuerzas de oposición criticaron el retorno a un modelo estatista, prefiriendo mayor apertura a la inversión extranjera, libertad a las fuerzas del mercado e integración al circuito económico mundial a través de un tratado de libre comercio.

Respecto a la estructura del Estado, el MAS propuso que además de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se cree el llamado Poder de Control Social, mediante el cual la ciudadanía tiene potestad de fiscalizar los otros poderes. Para sus adversarios, esto huele a dictadura popular.

El resultado electoral de la Asamblea Constituyente ha sido favorable al MAS, que obtuvo alrededor del 60% de los votos y cerca del 55% de los escaños.  Logró la mayoría absoluta, pero no los dos tercios necesarios para aprobar por sí solo las reformas.

 Esto ha llevado a la oposición a reclamar consenso en vez de imposición. Evo, por su parte, no habla de consenso, sino de acercar fuerzas políticas afines para realizar las reformas trasformadoras.

Interpreta la votación como una legitimación de su gobierno y sus medidas. En un país como Bolivia, caracterizado históricamente por una profunda desigualdad social y un alto nivel de inestabilidad política, será un gran reto dilucidar, y luego implementar, asuntos tan controversiales como la estatización de un segmento amplio de la economía, el establecimiento de un Estado laico y la extensión real (no en papel) de derechos socio-económicos que han sido prometidos a la población.

El debate constitucional de los próximos meses promete ser intenso y polarizado.

En juego está no sólo el marco constitucional de Bolivia, sino también la naturaleza y    credibilidad del gobierno de Evo.