El nombre Domingo Savio identifica en la actualidad a un barrio ribereño del Ozama. Dentro de unos años, identificará una de las soluciones urbanísticas más humanizantes y respetuosas del hábitat que se haya intentado en el país para beneficiar a familias que viven en condiciones precarias. Así podría denominarse el proyecto que integrará a los hacinados barrios La Ciénaga y Los Guandules en una solución que contempla llevar a la zona los servicios básicos que no existen ahora sin el trauma de la imposición.

José Miguel González Cuadra, director del proyecto Nuevo Domingo Savio y que dirigió la realización de La Nueva Barquita, explicó en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, pormenores de esta iniciativa que supone una inversión de US$150 millones para beneficiar a unas 45,000 personas que ahora habitan esos barrios. Hay disponibles 400 apartamentos en La Barquita para quienes prefieran irse de la zona a ser intervenida.
El Proyecto Domingo Savio destaca por la integración de los habitantes de los barrios a ser intervenidos, desalojados en parte y transformados de manera radical en un hábitat de condiciones de vida muy diferentes a las actuales. Hasta donde se percibe esta iniciativa es una de las formas más eficaces de poner la economía al servicio de la gente más necesitada. Manos a la obra.

Truculencia en las prisiones

El encierro en condiciones de hacinamiento es, de por sí, un tratamiento degradante para la condición humana de los presos, y en nuestras prisiones eso es pan de cada día. Pero hay cosas peores: todavía, aunque de manera aislada, se arrancan declaraciones bajo tortura. Lo afirma de manera categórica la doctora Laura Hernández, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, un organismo que asiste en sus derechos de defensa a los presos que no pueden pagar un abogado.
Justo cuando se habla de reforma policial, se denuncia que miembros de esa institución arrancan confesiones con métodos brutales que responden a un rancio anacronismo. La denuncia de esta magistrada podría comprometer la responsabilidad, por comisión o indiferencia, de fiscales en su calidad de jefes de la investigación penal.