POR PEDRO GERMOSEN
Las autoridades ejecutan un plan integral de prevención y persecución de la corrupción, la violencia y la criminalidad que garantiza en breve plazo la seguridad ciudadana, así como la transparencia en el manejo de la cosa pública, afirmó ayer el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito.

Por otro lado, el funcionario judicial favoreció una reforma a la Constitución consensuada y al margen de los intereses políticos y particulares para que, entre otros aspectos, el artículo 55 de la Carta Magna no sea «tan poderoso» y se logre la independencia de las instituciones del Estado.

Domínguez Brito exhortó al Congreso a que apruebe el proyecto sobre compras y contratación de obras del Estado como una forma de contribuir al proceso de pulcritud en el manejo del patrimonio nacional.

Significó que ahora más que nunca hay voluntad gubernamental y del Poder Judicial para combatir la corrupción, por lo que ese flagelo y la criminalidad en sentido general se manejan mediante un plan integral que incluye la prevención.

Expresó que nada se hace con perseguir la corrupción y la criminalidad si al mismo tiempo no se ejecuta un plan de prevención.

Entre los instrumentos contra la corrupción citó la ley de acceso a la información pública y agregó que el Gobierno elabora el reglamento de esa legislación para hacerla más contundente.

Al ser entrevistado por el periodista Guillermo Gómez en el programa Aeromundo, que se difunde por Color Visión, el procurador manifestó que hay también todo un proceso de fortalecimiento de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.

Domínguez Brito significó que se procura que estas instituciones tengan más credibilidad para que sean verdaderos auditores externos de las cuentas públicas.

Tras advertir que es ilegal el cobro del 10 por ciento de comisión en el otorgamiento de obras o compras del Estado, el funcionario señaló que al eliminar esta prebenda el Gobierno podrá realizar obras de mejor calidad a un costo menor.

Sostuvo que el Ministerio Público está comprometido en hacer las cosas de la mejor manera sin contaminarlas de política o intereses particulares.

Expresó que en los procesos contra funcionarios corruptos simplemente cumple las normas y advirtió que cuando una sociedad no respeta sus leyes está condenada al fracaso.

Respondiendo una pregunta, Domínguez Brito dijo que muchos de los procesos de corrupción contra funcionarios de la primera administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se hicieron de manera incorrecta.

Expresó, empero, que en lo casos en que sí hubo irregularidad en el manejo de recursos públicos habrá la sanción correspondiente.

Domínguez Brito defendió la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que consideró un instrumento más eficiente para combatir el crimen y una garantía de los derechos de los involucrados en los hechos contrarios a las leyes.

Manifestó que esa legislación ha traído más beneficios que perjuicios y afirmó que ahora habrá menos impunidad porque la administración de Justicia será más eficiente, al igual que el sistema penitenciario.

REFORMA CONSTITUCIONAL

El procurador general de la República dijo que está en desacuerdo con una reforma a la carta sustantiva de la nación para resolver una coyuntura, como se hizo para permitir la reelección o prohibirla.

Manifestó que cuando las enmiendas se hacen para responder a interes políticos o particulares la Constitución se debilita.

Domínguez Brito favoreció una discusión seria de la Constitución para modificar, por ejemplo, el sistema de elección de la Junta Central Electoral (JCE) y de la Cámara de Cuentas para que ambas instituciones se elijan mediante un mecanismo más plural.

Señaló que también es necesario reformar la Carta Magna para que la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa tenga más fuerza y para evitar que el artículo 55 de la ley de leyes sea tan poderoso que impida la independencia de las instituciones del Estado.

Favoreció también la propuesta del presidente Leonel Fernández para establecer una serie de derechos como el de medio ambiente, la educación, fortalecer otras figuras como la del amparo y establecer el referéndum.

     Consideró que una reforma a la Constitución debe aprovecharse además para fortalecer y hacer más independiente el sistema de Justicia de forma que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sea más plural, menos politizado y con más participación de los jueces.

     Señaló que también debe establecerse por esa vía el tribunal de garantías constitucionales y consignar además el principio de la presunción de inocencia.

     Domínguez Brito expresó que la reforma a la Constitución que favorece deberá definir mejor el rol de los ayuntamientos y sus salas capitulares.

     Afirmó que pese a constituir el control de las alcaldías, las salas capitulares suelen generar más corrupción.

     Expresó que también debe contemplarse si seguir aumentando el número de congresistas sobre la base de si el país los aguanta o si establecer un sistema más acorde con el crecimiento poblacional.

     «Si es para esto último, yo estaría de acuerdo (con la reforma constitucional) mediante un proceso que dure seis meses, un año, probablemente a través de una Constituyente, para que sea participativo, de consenso general entre todos los partidos políticos y otros actores», dijo el procurador Domínguez Brito.