El Ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, se reunió ayer en la tarde con representantes de Lajún Corporation, administradora del vertedero de Duquesa y con la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, en procura de solucionar el conflicto que afecta la recogida de basura en la capital dominicana.
“El problema de basura en el Gran Santo Domingo es delicado y muy serio. La necesidad de un entendimiento entre la concesionaria de administrar la basura vertida es fundamental”, dijo Domínguez Brito al plantear que es urgente buscar una salida al conflicto.
Sin embargo, la reunión, que se inició a las 3:30 de la tarde a puertas cerradas y que concluyó alrededor de las 4:50 de la tarde cerró sin acuerdo.
Estuvieron Onofre Rojas, de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo; Luis José Asilis, representante de la empresa Lajún y Flores Shan, director de Residuos Sólidos, junto a Domínguez Brito.
Tras concluir la reunión el funcionario dijo que lo principal es evitar problemas de salud a la población por el cúmulo de basura.

“Vamos a continuar este proceso toda esta semana para buscar un entendimiento que vaya en términos de buscar lo justo, o sea cual es el pago justo y cual es el pago posible y a partir de esos dos principios tratar de buscar una solución”, explicó.
Agregó que mientras discuten es fundamental que se mantengan los servicios desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Dijo que el manejo de la basura es complejo por la cantidad de empresas y negocios que intervienen.
El conflicto se inició después de que la semana pasada Lajún limitara el acceso de camiones colectores de basura al vertedero de Duquesa, tras considerar que es bajo lo que se le paga por tonelada de basura y porque los alcaldes de GSD no pagan deudas pendientes.
El pasado viernes, el Ministerio de Medio Ambiente militarizó las instalaciones del vertedero Duquesa, ubicada en El Higüero, Santo Domingo Norte.
Los militares fueron retirados después que se acordara que el vertedero estaría abierto hasta las 8:00 de la noche, que trabajaría los fines de semana y agilizarían procesos.

Se cuestiona la forma en que la empresa extranjera ha manejado por años el depósito de basura generando situaciones que inquietan a la población, inclusive amenazando con acudir a tribunales internacionales si no se cumplen sus reclamos.