Domínguez Brito valora la decisión de apertura a juicio caso exalcalde La Romana

Domínguez Brito valora la decisión de apertura a juicio caso exalcalde La Romana

Procurador general de la República,Francisco Domínguez Brito. ARCHIVO

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ponderó la decisión de la Corte de Apelación Penal de San Pedro de Macorís, que ordena la apertura a juicio en contra del exalcalde de La Romana y otros cuatro imputados del ayuntamiento, acusados de malversar alrededor de 200 millones.

La magistrada Miguelina Mendoza, de la Corte de Apelación Penal, en función de jueza especial de la Instrucción, envió a juicio de fondo al suspendido alcalde Juan Antonio Adames Bautista, así como a Rafael Augusto Rocha Trinidad, Remigio Antonio Pilier Mercedes, Francisco Severino Nolasco y Michael Ferreyra Berroa, en sus calidades de extesoreros, encargado de compras y de obras municipales, respectivamente.

“Con decisiones como estas, con las cuales los jueces permiten ventilar los casos en un juicio de fondo, se fortalece la lucha impulsada para perseguir y combatir la corrupción administrativa en el país”, sostuvo el procurador.

Dijo esperar que en este caso impere la justicia y la verdad, “son casos en los que se necesita llegar al fondo y que sean esclarecidos, es tiempo ya de dar respuestas contundentes a este flagelo, tal y como lo espera la sociedad”.

Domínguez Brito expresó que cuentan con pruebas contundentes para demostrar los hechos imputados en contra del exalcalde de La Romana y los demás funcionarios de esa entidad, las cuales, dijo, han sido obtenidas mediante una ardua labor de investigación, dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

“Se hace necesario que en el país se castiguen casos como esos que  impiden que nuestra sociedad alcance desarrollo pleno, de dejar claro que todo el que incurra en ese tipo de actuación tendrá que enfrentar la justicia”, enfatizó el Jefe del Ministerio Público.

Los imputados, todos bajo arresto, son acusados de violar los artículos 145, 147, 150, 151, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de falsificación y uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y la asociación de malhechores en perjuicio del Estado.

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