Cuando se discutía la ley de lavado de activos fue preciso negociar con una tenaz resistencia de la banca a que se consignaran determinados procedimientos y modos de control sobre los depósitos y retiros de fondos.

Aquel achinado e inteligente delegado de Antigua y Barbuda abogaba por la expulsión de Nicaragua del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), porque el país centroamericano debía varias cuotas anuales y, además, no había cumplido compromisos de pago. El GAFIC lo  integran los países del área del Caribe.

Se inició una interesante discusión sobre el tema y, de pronto, de manera tajante, tomé la palabra y luego de una breve explicación concluí señalando que aislar a Nicaragua del GAFIC era convertir su territorio en una lavandería donde se blanquearía toda suerte de dinero sucio. En ese momento presidía el GAFIC a nombre de República Dominicana.

La propuesta triunfó. Se decidió enviar una delegación a Nicaragua luego que pasaran las elecciones pues los sandinistas en el gobierno no estaban dispuestos a cubrir las cuotas pendientes. Hubo elecciones, cambió el gobierno y se resolvió el asunto con un acuerdo de pago.

Dicen desde siempre que quien hace la ley hace la trampa, por eso tenemos que estar atentos cuando se discuten las leyes para opinar, criticar, intentar enderezar los entuertos de congresistas y gobiernos.

Durante los últimos treinta años he escrito varios artículos sobre el daño que produce a la sociedad la prescripción de la pena. En la historia constitucional habrá que estudiar quién introdujo esa figura jurídica en el país y cuál era su intención que, por demás, cualquiera explica como que quien propuso la prescripción pensaba en ser favorecido por el tiempo y la distancia por los delitos que cometía o pensaba cometer. Les dejo la tarea.

En estas elecciones recién pasadas se jugaron muchas cartas que se mantuvieron debajo de la mesa.

Mientras unos luchábamos por construir un mejor país, pero para todos, los otros tenían agendas ocultadas en la búsqueda de impunidad para disfrutar de los bienes robados al pueblo.  

Si se quedaban con el poder, seguirían usufructuando de los bienes adquiridos bajo la sombra, prescribiría el tiempo de perseguirlos por ladrones y convertirían la República en el paraíso para el lavado de activos que predije podía ocurrir en Nicaragua.

La ley de lavado de activos es clara: toda suerte de enriquecimiento no explicable, no justificable, constituye blanqueo de activos o de dinero y, por tanto, es posible la persecución judicial.

La sociedad, en su afán por protegerse ha creado una nueva figura jurídica: el delito transnacional.

Quizá no serán perseguidos por lavado, directamente, pero sí como delincuentes transnacionales y para tales delitos no hay prescripción. ¡Asústense, maleantes! ¡Hasta el blindaje constitucional es poroso!