Unas 150 mujeres se manifestaron este martes frente al Congreso Nacional (bicameral) dominicano para exigir que el Código Penal, que se encuentra en proceso de aprobación, incluya excepciones a la penalización del aborto en tres supuestos.

Convocadas por el Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP) y otras organizaciones, entregaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidiendo que no se sancione la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando existan malformaciones incompatibles con la vida del feto o cuando sea resultado de una violación, incesto o pederastia.

Las manifestantes acudieron ataviadas de verde, con mascarillas, pañuelos y ponchos a juego, para pedir la despenalización del aborto en las tres causales coreando la consiga “No queremos ley especial, tres causales en el Código Penal».

Esto, porque la Cámara de Diputados envió el pasado agosto a una comisión especial un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto, tras decidir que el asunto quede fuera del Código Penal y que se debata más adelante como una ley específica.

Para la activista Sergia Galván, la ley especial “es un engaño que llevan años intentando (los antiabortistas), es una medida tramposa” para entretener a los defensores de las tres causales mientras se aprueba el Código Penal sancionando de manera absoluta la interrupción del embarazo.

La despenalización de esos supuestos “es una demanda mínima para asegurar la integridad y la dignidad de las mujeres”, tal y como establece la Constitución dominicana, dijo Galván.

Durante la actividad, las manifestantes recibieron el apoyo del diputado José Horacio Rodríguez, del partido Alianza País, que abandonó la sesión que se celebraba en la Cámara para unirse a ellas durante unos minutos.

El legislador opinó que un estado de derecho debe permitir a las mujeres, en circunstancias como las tres causales, “decidir y actuar en libertad, en base a sus creencias,” sin que el Código Penal criminalice a quien decide “no continuar con un embarazo” que se produce en alguno de esos supuestos.

En la carta dirigida a los diputados, las organizadoras del plantón advierten de que la penalización absoluta del aborto constituye una gran injusticia social, un grave problema de salud pública, una violación a los derechos humanos y un acto de violencia estatal, por lo que urge una respuesta del Estado y en especial del Congreso.

También, que la penalización absoluta del aborto lleva a su práctica clandestina en condiciones inseguras que, muchas veces, se traduce en el fallecimiento de la madre, siendo el 13 % de las muertes maternas en el país consecuencia de abortos inseguros, principalmente en caso de mujeres que no tienen recursos económicos para pagar la atención médica adecuada.

Tras la hora que duró el plantón frente al Congreso, un grupo de integrantes de la organización ArtivismoRD pegaron huellas verdes de vinilo en el perímetro de la sede legislativa. El Código Penal dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 2014, fue vetado en dos ocasiones por el expresidente Danilo Medina (2012-2016, 2016-2020), debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.

La República Dominicana se mantiene entre los únicos seis países de la región que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.

De acuerdo a encuestas realizadas, el 79 % de la población dominicana está de acuerdo con el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, el 76 % lo apoya por malformaciones del feto incompatibles con la vida y el 67 % cuando es fruto de violación o incesto y pederastia.