San Juan. La numerosa población dominicana en Puerto Rico celebró hoy el anuncio de que se les permitirá votar con independencia de su estatus legal en la isla, una medida criticada sin embargo por gran parte de la sociedad boricua.

“Es una iniciativa muy positiva para el Estado Libre Asociado que además hace justicia a los inmigrantes que contribuyen con su trabajo a la economía local”, dijo hoy a Efe el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez.

Durante la visita del presidente dominicano, Danilo Medina, a Puerto Rico, el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, anunció el martes que promoverá una legislación para que pueda votar cualquier extranjero con independencia de su estatus migratorio.

La inmensa mayoría de los inmigrantes que residen en Puerto Rico son originales de la vecina República Dominicana, aunque, según destacó el propio Rodríguez, es muy difícil determinar a cuántas personas afectará la medida, si es que sale adelante.

Oficialmente hay 68.000 dominicanos en Puerto Rico con ciudadanía estadounidense (por ser la isla un Estado Libre Asociado a EE.UU.), por lo que a ellos no les afectaría. La cifra de dominicanos que viven aquí pero carecen de permiso de residencia es muy imprecisa. El Consulado de República Dominicana en Puerto Rico apunta a cerca de 200.000, aunque otras fuentes hablan de hasta 400.000.

“No es cuestión de política, sino de justicia social”, apuntó Rodríguez, tras señalar que algunos de sus compatriotas votarían en favor del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), mientras que otros optarán por la oposición del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Sin embargo, “a los racistas les picó esta medida avanzada”, dijo el líder dominicano, que criticó que algunos representantes del PNP hayan mostrado públicamente su oposición a la medida.

Entre ellos el legislador Antonio “Tony” Soto, quien dijo hoy que “es increíble que el gobernador desconozca la Constitución de Puerto Rico e intente engañar a los inmigrantes que residen en la isla con promesas ilegales e inconstitucionales». “A los mismos dominicanos a los que les estableció un impuesto a los envíos de sus remesas ahora intenta pasarles la mano engañándolos”, afirmó en un comunicado. La también legisladora del PNP Lourdes Ramos aseguró que García Padilla no puede abrir la puerta a un fraude masivo en las elecciones garantizando el voto a los extranjeros sin importar su estatus migratorio.

Ramos ironizó al señalar que imagina que el presidente dominicano, Danilo Medina, aceptó votantes puertorriqueños en las últimas elecciones de su país. El anuncio también ha llegado a la calle, donde la medida no cuenta, en principio, con apoyo mayoritario. Jorge Rivera, economista puertorriqueño de 32 años, dijo a Efe no estar de acuerdo con la iniciativa y acusó al gobernador de querer “comprar los votos de la gente pobre”, ya que en su opinión “los puertorriqueños no le quieren».

“En ninguna parte del mundo civilizado se hace eso”, destacó, tras defender que la medida supondría someter los intereses nacionales “a una minoría ajena». María Santos, otra puertorriqueña de 36 años y empleada en el departamento comercial de una multinacional con sede en San Juan, dijo a Efe no estar de acuerdo con que personas sin permiso de residencia puedan votar en unas elecciones locales.

“No pagan impuestos y envían remesas a República Dominicana, así que lo que aportan a la economía local es mínimo”, opinó. García Padilla aprovechó la visita a San Juan de Medina, acompañado por una comitiva de doce de sus ministros, para hacer el anuncio, que justificó como una medida de justicia social, además de matizar que Puerto Rico puede promover legislación que permita la votación de inmigrantes, a pesar de la limitación que le da su estatus de Estado Libre Asociado a EE.UU.

“Hoy les anuncio que en las próximas semanas presentaré legislación para la consideración de la Asamblea Legislativa para conceder el derecho al voto a todos los residentes ‘bonafide’ (de buena fe) de nuestro país con intención de permanecer aquí, independientemente de dónde nacieron y de su estatus migratorio”, anunció.

El jefe del Ejecutivo dijo que con la medida, sobre la que no dio detalle alguno de fechas, se trata de hacer justicia a un colectivo al que “la democracia ha dado la espalda».