El Centro Bonó reiteró ayer su preocupación por la gran cantidad de personas afectadas por la aplicación de la resolución 12-07 de la JCE, mediante la que    se niega la entrega de copias de actas de nacimiento a dominicanos de ascendencia haitiana.

El Centro Bonó reiteró ayer su preocupación por la gran cantidad de personas afectadas por la aplicación de la resolución 12-07 de la Junta Central Electoral, mediante la que, denuncia,    se niega la entrega de copias de actas de nacimiento a dominicanos de ascendencia haitiana.

La Unidad Coordinadora de Comunicación del Centro Bonó celebró ayer un conversatorio-almuerzo con periodistas de diferentes medios en el que trató los temas que han sido seguidos por el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) a través de una investigación realizada sobre los efectos de la resolución de la JCE.

El estudio de  la entidad reveló que  1,584  personas, básicamente  domínico-haitianas,  han sido afectadas por la disposición que les niega la entrega de sus actas de nacimiento a nacidos en el país.

La población afectada por la resolución 12/07, que impide que dominicanos de ascendencia haitiana tengan copias de sus actas de nacimiento, es mayoritariamente femenina (59%) y joven. “El 72% se encuentra entre los 14 y 35 años de edad, lo que significa que está en plena edad laboral y de estudios”, de acuerdo con datos citados en el estudio.

El Centro Bonó manifiesta que según afirmaciones del presidente de la JCE, Roberto Rosario, la resolución 12-07 persigue depurar el Registro Civil de irregularidades debido a errores, omisiones o a la comisión de fraudes (actas insertadas luego de la clausura de los libros, alteraciones, tachaduras, duplicidad de declaraciones).

En un documento entregado en el conversatorio se señala que aunque no se explica en la resolución 12-07, en la práctica se considera una “irregularidad” el hecho de que las declaraciones de nacimiento hayan sido hechas por extranjeros,  por inmigrantes indocumentados de nacionalidad haitiana. 

La clave

Cumplen orden

El Centro Bono afirma que los oficiales del Estado Civil temen ser cancelados y por eso cumplen la  resolución 12-07 de no entregar las actas de nacimiento, a pesar de que muchos de ellos  son conscientes de que se trata de una disposición inconstitucional,  y lo mismo sucede, según explica, con los directores de los centros de cedulación.