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Washington. EFE. Dominicanos de origen haitiano denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno está cometiendo un genocidio civil al negarles la nacionalidad aplicando, con carácter retroactivo, nuevas leyes migratorias, algo que las autoridades dominicanas negaron.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y el Movimiento por un Registro Civil sin Discriminación denunciaron que la situación afecta a más de 1,500 dominicanos de origen haitiano.
Durante el 143 periodo de sesiones de la CIDH, Francisco Quintana, miembro de CEJIL, denunció el impacto desproporcionado» en el día a día de la aplicación de la ley migratoria 2004, que modificó los criterios para obtener la nacionalidad dominicana, además de la Resolución 012 de la Junta Central Electoral de 2007 y la Circular 17. En virtud de esta ley, los niños nacidos de padres no residentes no tienen derecho al reconocimiento de la nacionalidad, algo que según Quintana, ha sido interpretado de manera muy amplia y se ha llegado al extremo de declarar como fraude el hecho de haber sido registrados por padres extranjeros antes de que entrara en vigor.
En 2010 la nueva Constitución modificó, además, el derecho a la nacionalidad, estableciendo que los niños nacidos de padres no residentes no tienen derecho al reconocimiento de la nacionalidad, lo que también se está aplicando con retroactividad. Los demandantes defendieron que el estatus migratorio no se puede transmitir a los hijos y denunciaron que la mayoría de afectados a los que se niega su cédula, su acta de nacimiento o una copia de esta son jóvenes, en gran parte mujeres, de entre 18 y 24 años.
La República Dominicana se encuentra inmersa en un proyecto para modernizar y depurar las irregularidades de su sistema de registro civil, según indicó el representante permanente de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladin Selin, en el que no hay ninguna intención discriminatoria. El proceso de depuración no responde de ninguna manera a una política de desnacionalización, dijo, sino de contar con un sistema depurado, transparente, libre de irregularidades y fiable».
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Piden visita a RD
Los demandantes pidieron que representantes de la CIDH visiten el país, que solicite a la República Dominicana la anulación de la Resolución 012, la de la aplicación retroactiva de la Constitución de 2010 y el establecimiento claro de garantías de los derechos de los dominicanos. Saladín, por su parte, rechazó por improcedente la denuncia por la inexistencia de argumentos de una supuesta desnaturalización de dominicanos.
