SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP). La decisión del tribunal constitucional dominicano de despojar de su nacionalidad a miles de hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana podría provocar una crisis humanitaria con deportaciones masivas y discriminación generalizada, opinaron expertos el viernes.

El fallo, dado a conocer el jueves, es inapelable y da a la comisión electoral plazo de un año para elaborar la lista de personas a las que se les quitará la nacionalidad. Se aplica a las personas nacidas a partir de 1929, una categoría que abarca a los haitianos traídos al país como trabajadores agrícolas y sus descendientes. No está claro cuántas son las personas afectadas.

De acuerdo con estadísticas oficiales, la Junta Central Electoral tiene bajo investigación unas 16.000 actas de nacimiento de las últimas décadas y ha negado cédulas de identidad a 40.000 personas.

La organización no gubernamental Centro Bonó estima que son cientos de miles: «Son cuatro generaciones de afectados», sostiene. La medida no sólo dejará como apátridas a miles de personas y a sus hijos, sino que por la falta de documentos los coloca en la posibilidad de ser deportados a Haití, un país que, en su mayoría, no conocen y al que nunca han ido.

«Uno siente que eso va a llegar, que en cualquier momento me detienen (los agentes migratorios) y me mandan a Haití», dijo a The Associated Press Elmo Bida Joseph, estudiante de 21 años a quien las autoridades le niegan el derecho a obtener su cédula de identidad y copia certificada de su acta de nacimiento debido a que es hijo de inmigrantes haitianos.

«Vi todos mis sueños rotos», se lamentó Bida Joseph, quien por falta de esos documentos no pudo inscribirse en una academia de béisbol. «Que de pronto te digan que no, que no eres dominicano; es muy frustrante».

El joven nacido en un batey, como se conoce a los pueblos dentro de los cañaverales habitados principalmente por inmigrantes haitianos y sus descendientes, no habla creole ni francés y nunca ha viajado Haití.

Por la falta de cédula de identidad perdió hace un año su trabajo como técnico de cámaras de seguridad y está en riesgo de abandonar sus estudios de ingeniería industrial, ya que el plazo que la otorgó la universidad para presentar sus documentos está por vencer.

David Abraham, profesor de derecho en la Universidad de Miami, dijo que la medida era parte de una campaña mayor para impedir el ingreso de haitianos y alentar la autodeportación de los que ya se encuentran en el país.

«El miedo de la República Dominicana de ser rebajada al nivel económico de Haití y el ‘ennegrecimiento’ del país obsesionan a los políticos dominicanos desde hace bastante más de un siglo», dijo Abraham en alusión a las diferencias raciales —la abrumadora mayoría de los haitianos son negros en tanto los dominicanos son mestizos— y al hecho de que Haití es uno de los países más pobres del mundo. La oficina del primer ministro haitiano Laurent Lamothe se negó a hacer declaraciones sobre el fallo.

El fallo deja «desprovista de la nacionalidad dominicana, deviniendo en apátrida (…) a miles de personas que nacieron en suelo dominicano», advirtió la jueza del tribunal constitucional Katia Miguelina Jiménez, al votar en contra de la sentencia.

El Tribunal Constitucional argumentó que no deja en apatridia a los miles de afectados, ya que la constitución haitiana otorga la nacionalidad de ese país a todos los descendientes de haitianos sin importar el lugar donde nazcan.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó en 2007 a negar las cédulas de identidad y copias de las actas de nacimiento a los hijos nacidos en el país de inmigrantes haitianos ilegales por considerar que fueron registrados de forma fraudulenta.

Según el Tribunal Constitucional, los inmigrantes ilegales son extranjeros «en tránsito» y sus hijos no pueden recibir la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en este país. Durante décadas, miles de inmigrantes del vecino Haití fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde permanecieron el resto de sus vidas y formaron sus familias.

Sus descendientes nacidos en República Dominicana eran reconocidos por las autoridades como dominicanos, con base en las leyes vigentes en ese momento.

La ley de migración puesta en marcha en 2004 y la promulgación de una nueva constitución en 2010 determinaron que los trabajadores inmigrantes temporeros, en su gran mayoría haitianos, son extranjeros «en tránsito» y sus hijos nacidos en el país ya no pueden adquirir la nacionalidad dominicana de forma automática.

«No se les niega el derecho a la nacionalidad, sino que les da la oportunidad de acceder a la nacionalidad y regularizarse mediante el plan nacional de regularización» para extranjeros, explicó el viernes Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral.

Martha Cuba Bautista, nacida en 1979 en República Dominicana de padres haitianos, narró a The Associated Press que, pese a tener acta de nacimiento y cédula dominicana no ha podido registrar el nacimiento de su hija debido a su ascendencia haitiana.

La decisión del tribunal fue difundida sólo días después de que los representantes de la ONU y ACNUR se reunieron el pasado 13 de septiembre con el presidente Danilo Medina para solicitarle su intervención a fin de solucionar la situación de las miles de personas a quienes la Junta Central Electoral les niega sus documentos.

Medina, quien nunca se ha referido públicamente al tema, indicó que no podía intervenir porque la decisión estaba en manos de otro poder del Estado.

«Es un genocidio civil», de acuerdo con el abogado Cristóbal Rodríguez, quien encabezó el único proceso judicial de un dominicano de ascendencia haitiana a quien las autoridades le niegan la nacionalidad que ya encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recordó que no se trata de darles el derecho a obtener la nacionalidad, pues «han sido dominicanos toda su vida».