San Juan. La comunidad dominicana en Puerto Rico denunció hoy que las fuerzas locales del orden continúan con sus intervenciones violentas en negocios gestionados por estos inmigrantes y con otras prácticas de hostigamiento que suponen violaciones de sus derechos humanos.

“Es una violación crasa de derechos civiles. Esto no es una democracia, sino una dictadura disfrazada de democracia”, criticó el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, en una rueda de prensa.

Según detalló, uno de los incidentes más recientes ocurrió el pasado 1 de mayo cuando grupo de policías entró armado a un establecimiento en Bayamón, ciudad aledaña a San Juan, y amenazaron a los comensales, entre ellos, el comunicador local José Negro Matos. Según relató Negro Matos durante la misma conferencia de prensa, los agentes le dijeron- “Tú no eres de aquí. Tenías que ser dominicano.

Hay que deportarlo». Ese incidente ha sido denunciado a través de una querella presentada ante la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Comisión de Derechos Civiles, ambas de Puerto Rico.

“Pensábamos que esto iba a cambiar, pero no ha sido así”, lamentó Rodríguez, quien recordó otros incidentes similares que ocurrieron bajo el mandado del anterior gobierno municipal de San Juan, la capital.

Aunque, según dijo, con el exalcalde Jorge Santini estos sucesos eran más frecuentes, recalcó que con su sucesora, Carmen Yulín, siguen ocurriendo y explicó que este trato discriminatorio hacia la comunidad dominicana ha sido una constante desde hace más de una década.

Además, el líder del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico apuntó que a sus conciudadanos se les exige de forma reiterada que muestren su documentación y los permisos de apertura de sus negocios, en especial en los distritos de Santurce y Río Piedras, donde se concentra buena parte de la comunidad dominicana de la capital.

A falta de datos oficiales, esta organización cree que en Puerto Rico vive cerca de medio millón de dominicanos, muchos de ellos sin la debida documentación migratoria, en una isla que oficialmente cuenta con una población de 3,7 millones de habitantes.