Hoy 
El Presidente Danilo Medina y el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, hablaron recientemente de estrechar los lazos de amistad, comercio y cooperación entre los dos países. El tema fue tratado a raíz de que el mandatario dominicano asistiera a la juramentación del Gobernador de Puerto Rico. Este compromiso de mejorar las de por sí buenas relaciones facilitaría las cosas en el caso de denuncias sobre maltrato a dominicanos de parte de policías puertorriqueños. La filial en Puerto Rico del Comité Dominicano de los Derechos Humanos ha denunciado que la policía de puertorriqueña acosa a dominicanos y los persigue por la apariencia física que los delata como dominicanos.
El comité denunció que la policía puertorriqueña actúa ilegalmente como migración, requiriendo documentos a las personas que ellos creen son dominicanos. También denunció casos de encierro irregular de dominicanos y despojo de dinero y pertenencias. Por las buenas relaciones entre los dos estados, el Gobierno dominicano debería solicitar a la Gobernación de Puerto Rico una investigación sobre esta denuncia del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Se estima que en Puerto Rico hay por lo menos medio millón de dominicanos y que una buena proporción están amparados por la ley. Los Estados son soberanos para regular la permanencia de extranjeros en su territorio. Solo que en esa tarea deben apegarse a la ley.
Bomba de tiempo
Hay un segmento de la sociedad que por sus características ha sido denominado generación nini. Se trata de jóvenes de corta edad que ni estudian ni trabajan y que, por tanto, son susceptibles de caer en vicios y delincuencia. Lo grave del caso es que los jóvenes de entre 10 y 24 años constituyen el 30% de la población.
La representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Sonia Vásquez, define como una bomba de tiempo a esa generación de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Aquí, en la República Dominicana, estamos en el medio del estallido de esa bomba. Solo hay que ver las reseñas de crímenes, drogas y otros actos al margen de la ley en que se ven involucrados cada vez más jóvenes del segmento nini. El Estado está en el deber de revertir ese estallido social, mejorando el acceso a la educación y al trabajo del segmento poblacional más vulnerable.
