NUEVA YORK.– Dominicanos en esta ciudad se muestran preocupados debido a que el consulado norteamericano en la República Dominicana no está ofreciendo actualmente citas para depositar peticiones de familiares inmediatos de ciudadanos de los Estados Unidos en la oficina local de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Tampoco hay citas para visas de inmigrantes en el sistema, situaciones denunciadas por la especialista en temas de migración Karina Pérez Rojas y que publicara el pasado lunes en uno de los periódicos dominicanos de más influencia y lectura masiva por internet.

La desorientación y preocupación entre los criollos en la Gran Manzana es mayor porque la sede consular no informa las razones ni da una explicación en la hoja oficial del Consulado, ni en la hoja del contratista, ni ponen notas en el perfil que no sean para indicar que simplemente no hay, precisa Pérez Rojas.

Los quisqueyanos, mediante un documento de prensa, solicitando total reserva de sus identidades por temor a represalia en contra de gentes suyas que se encuentran en “papeleos”, sostienen que dichas acciones pueden estar relacionadas con la última medida adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual entrará en vigor el próximo 15 de octubre.

La misma establecerá nuevas definiciones de “carga pública y beneficios públicos”, los cuales serán considerados por oficiales migratorios para evaluar cualquier petición de cambio de estatus u otras visas.

Asimismo, para aquellos que buscan migrar a los EE. UU. deberán demostrar que pueden mantenerse económicamente, en clara dirección de frenar la inmigración hacia el territorio estadounidense, precisan los quisqueyanos.

Por primera vez en la historia del país, el Gobierno aplicará una estricta prueba de “carga pública” a los solicitantes de residencia permanente basados en la familia. Ni siquiera las personas que ganan el 250% del nivel de pobreza ($64,000 al año para una familia de cuatro) son inmunes a que se les nieguen sus solicitudes de tarjeta verde.

El DHS especifica que los oficiales migratorios evaluarán las solicitudes de beneficios y determinarán si una persona podría convertirse en una carga pública, dependiendo su historial económico y su condición médica.

La Encuesta de Ingresos y Participación en el Programa de la Oficina del Censo de los EE.UU, sostiene que aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos, que representan el 23% de todos los no ciudadanos, reciben ayudas sociales.

En la Gran Manzana se estima que más de 250 mil personas podrían verse afectadas, según estimaciones de activistas, grupos pro inmigrantes y las mismas autoridades municipales. Decenas de miles de dominicanos en el territorio estadounidense se benefician de las diferentes ayudas que ofrece el gobierno.

Los programas de carga pública que afectarán son: SNAP, bajo las condiciones referidas; Medicaid en casi todos sus casos; Asistencia de Vivienda bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV); Asistencia de alquiler basada en proyectos; y otras formas de vivienda subsidiada y SSI, TANF, asistencia general; entre otros.

¿A quiénes no afectarán?: a mujeres embarazadas o con hasta 60 días después de dar a luz; menores de 21 años que reciben seguro médico; personas con discapacidad; víctimas del crimen o violencia doméstica; programa de asilo y a refugiados.
Los programas excluidos serán: CHIP no es un beneficio público a castigar; la recepción del EITC y el impuesto sobre menores Crédito (CTC); Medicaid de emergencia; D-SNAP para recibir alimento durante desastres; SSDI que es para personas con discapacidad; y ayudas durante emergencias, como TEFAP.
Asimismo, Head Star que es una ayuda de alimentación para campesinos; programas estatales de ayuda no monetizables para grupos tribales; NSLP que es apoyo para desayuno y/o lunch escolar; y WIC, el programa de nutrición especial para madres y niños.