Por cada diez hombres tres mujeres extravían; 50 por ciento perdidos entre los 18 y 40 años. Rara vez víctimas de delincuencia común

Cristina Rosario Casilla tiene un vago recuerdo de su madre. Mas, su cerebro registra clara la partida un día de 1986. A la niña de 10 años, lo mismo que a la adulta de 47 las marca una interrogante permeada por la angustia y la curiosidad de saber a dónde van los seres amados cuando desaparecen.

La lista es larga y la pregunta sin respuesta martilla la mente de muchas familias que han perdido miembros y llevan años en lancinante espera.

Como la de Juan Alfredo Lora y Aurora Marmolejos, ambos con 22 años extraviados o la de Deseada, con 15 ausente.

José Thomas, coordinador de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Desacatados (Afamidesa) explica que en tres años fueron reportadas 300 personas que no han retornado a sus hogares, de las que el 50 por ciento está entre los 18 y 40 años y el 30 % de 41 a 60.

El activista conoce la pena que viven los que pierden parientes y van sin rumbo por hospitales, destacamentos, de calle en calle y a los que acompañan en ese peregrinar.

Narra entristecido que Adam Trinidad, de 22 años, es el más reciente que buscaron y hallaron. De la comunidad de La Cruz, en San Cristóbal, estaba en una fosa común en Alemania.

“Diligenciamos visas y logramos que la familia viajara hasta donde fue enterrado”.
Para fortalecer el trabajo crearon la página desaparecidos.com.do en la que divulgan información que ayude a encontrarlos.

Por una Policía adiestrada

Thomas considera que la Policía no debe representar el lugar natural para buscar a un extraviado y espera que los agentes sean adiestrados en la investigación, pues, raras veces son víctimas de delincuencia común, más bien de las ciudades o de la falta de medios de comunicación, aunque también resulten del crimen organizado y del Estado.

A esperas del Senado

Desde 2006, el país firmó la Convención de Desparecidos, ratificada en 2018, pero no ha sido aprobada por el Senado.

Contempla prevención, investigación, sanción y reparación.
Lo que es igual, a un palmo de que el Estado sea signatario, los legisladores hacen esperar.