AMPARO CHANTADA
El primer contrato de la isla artificial fue rechazado porque era evidente que era lesivo a los intereses de la Nación. En la vista pública…pública significa abierta al ciudadano es decir que hubo testigos oculares…solo el representante dominicano del proyecto y los directivos del CODIA, hoy uno de ellos con un cargo de subsecretario en la SEOPC, encontraron esa “idea positiva” sin importar los costos ambientales, sociales que implicaba esa construcción frívola, inútil y arriesgada que por ser tan fantasiosa pudo parecer graciosa a quienes desconocen o no les importa, los impactos negativos y la inmensa huella ecológica de tal adefesio.

Sabemos que el conocimiento y la cultura son bienes pocos compartidos pero resulta difícil entender como se llega a ocupar cargos con tantas deficiencias intelectuales.

El “supuesto segundo” contrato modificado que aprobó clandestinamente el Poder Legislativo, no lo conoció nadie y evidentemente nadie lo pudo refutar o objetar, pero como lo afirmo, el jurista Servio Tulio Castaños Guzmán se violaron los artículos 88, 92 y 94 de la Cámara de diputados, hecho suficiente para declararlo nulo. Además, aprobando ese proyecto, cuando les faltaba 21 días para entregar su curul, se evidenció un afán poco usual en ese hemiciclo, fue “al vapor” que se aprobó ese contrato, pero por sabiduría y costumbre, se habló de “propinas” por el buen trabajo. El “pueblo” es sabio y sabe que algo hizo mover la decisión de esos diputados y senadores que en su gran mayoría abandonaban su curul sin importarle las consecuencias de sus actos.

Con esas circunstancias avergonzantes, el Poder Ejecutivo devolvió el contrato al Congreso, en un gesto que todos aplaudimos pero que resultó más teatral que eficaz pues el asesor legal del Congreso, abogado Rafael González Tirado declaró que el gobierno no tenía otro camino que ejecutar ese convenio y atenerse a las consecuencias que en materia de responsabilidad civil prevé el mismo porque ese contrato no podía ser objetado por el Congreso.

Y que pensar entonces del gesto tan espectacular del Presidente de la República que devuelve un contrato y pocos días después, lo debe recibir como si “quemara” y dice que “el gobierno no está interesado en ese proyecto: emotividad, no, sinceridad, huuuuuum, acción calculada y premeditada para “enfriar” la opinión pública y recobrar aceptación, y más simpatía en la opinión pública, molestada por tantas manías y malas intenciones subyacentes.

¿A dónde está ese contrato, quién lo “engavetó”? Para no dar razón, a las embajadoras que defendieron a sus inversionistas en el país, sería conveniente que el gobierno con letras y puño de su Consultor Jurídico proceda ante la Suprema Corte de Justicia a elevar un recurso de

inconstitucionalidad para que ningún “vivo” llegado de España y otros con caras de dominicanos, le pidan un buen día, al gobierno dominicano el permiso para construir lo que constituye una “ridícula idea de soberbia desmedida” o pidan una indemnización por “atraso” o “intereses por daños” de algo que nunca se inició.

Es importante terminar ese “secreto” a media, que se parece a una bala de ping pong y como el jurista Julio Cury lo recordó, la ley 1494 de 1947 faculta al Poder Ejecutivo para dejar el contrato sin efecto de manera unilateral y añade que en caso de rescindir el contrato el Estado tendría que compensar económicamente al contratante perjudicado. Julio Cury se olvidó que no hay contratante, pues la firma de ese convenio debía permitir a los aventureros salir “al mundo” buscar otros socios que quisieran “jugársela en esa isla” que nadie quiere y que nadie permitirá.

Archivar sin anular por escrito ese contrato es pensar que el pueblo no tiene memoria y dejar la posibilidad que aventureros que merodean en el Caribe traten de volver a engañar un pueblo con una idea tan alienante como la construcción de “una torta de cemento” en frente de un horizonte marítimo, virgen, infinito y majestuoso. Quizás haya que estudiar geografía para entender esas nociones, pero en ese caso, se recomienda leer a Alejandro Humbold que no tenía palabras suficientes para describir la belleza de América latina.

Bien haría el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio redactar tal carta y mandarla a “la firma” para que realmente quede para la historia que el

Poder Ejecutivo no quiso con esa isla, tapar el sol, a los dominicanos. De esa manera, también el consultor jurídico demostraría, con hecho, que no tuvo responsabilidad en ese episodio tan vergonzante de la historia parlamentaria dominicana y le daría un golpe contundente, a quienes, según se dice, lo “impulsaron a mandar al Congreso” un contrato que no era de su agrado y que lo convirtió, involuntariamente se dice, en cómplice de ese bochorno.