En vista de los recientes pronunciamientos externados a través de importantes medios de comunicación, en torno al acuerdo con el FMI, la reforma fiscal y otros asuntos relevantes del acontecer nacional, como es el subsidio eléctrico y el del gas licuado de petróleo, es necesario que todos los funcionarios dispongan de suficiente información para valorar los esfuerzos que el Gobierno realiza para mantener la estabilidad macroeconómica en esta transición. Veamos algunos de esos asuntos:

1. En el acuerdo Stand By con el FMI, quedó definido que el Gobierno enviaría la reforma fiscal al Congreso Nacional en el mes de julio pero nunca se fijó una fecha para que dicha reforma entrara en vigencia ya que su aprobación no está en el ámbito del Poder Ejecutivo.

2. Dada esta limitación del Poder Ejecutivo, las estimaciones y cálculos realizados en la matriz de condicionalidades y metas cuantitativas, se hicieron sobre la base de una posible aprobación de la reforma fiscal a finales de diciembre del 2004 para que entrara en vigencia a principios del 2005. O sea, que en todo el año 2004 la economía se manejaría con los impuestos transitorios aprobados a finales del 2003, excepto el impuesto a las exportaciones que estará vigente hasta finales de junio próximo.

3. Sustentamos este posible calendario de fechas, en el hecho de que en el año 2000 Senadores y una significativa cantidad de Diputados, luchó tenazmente durante 4 meses para lograr la aprobación de su reforma fiscal. La ley se aprobó finalmente el 28 de diciembre del 2000 entrando en vigencia en enero del 2001.

4. La nueva reforma fiscal es aún más complicadas, generará mayores luchas de intereses y podría tener implicaciones sociales. Por ello, su envío al Congreso en julio próximo se torna extremadamente difícil por tratarse de un período de transición donde hay un nuevo Gobierno electo.

5. Lo que aconsejan las circunstancias del momento, tanto para ganar tiempo como para no perderlo en planteamientos teóricos, o supuestos infundados, es que el Gobierno electo, utilizando la información y los escenarios que ya han sido trabajados por el actual Gobierno para preparar la reforma fiscal, elabore con el sector empresarial y otros sectores de la sociedad civil, un proyecto de ley consensuado, el cual podría ser entregado al Presidente Hipólito Mejía, para su posterior envío al Congreso Nacional a finales de julio. Este debe ser un proyecto del nuevo Gobierno que se instalará el 16 de agosto y no un proyecto del Gobierno que termina su mandato en esa fecha.

6. Tal objetivo implica un trabajo duro y complejo que hay que comenzarlo desde ya, conociendo los grandes intereses que se ponen en movimiento durante este proceso de consulta. Sin embargo, entendemos que un Gobierno recién electo, que contó con el apoyo de una mayoría absoluta de la población, no debe tener problemas en lograr este objetivo, aún cuando tenga que enfrentar a ciertos sectores a los que podría no convenirle dicha reforma.

7. Este es el aporte que el Gobierno actual puede hacer en torno a la reforma fiscal en este momento, aporte que es muy valioso y significativo si consideramos el largo trecho que separa esta primera fase con la fase final del proceso, que es la promulgación de la ley y su puesta en vigencia. Hay que entender que esta ley, por su importancia, tendrá que ser estudiada por las comisiones de finanzas de ambas Cámaras, discutida en varias vistas públicas y sometida a intensas presiones de sectores o empresas que podrían verse afectados por su contenido.

8. También es preciso destacar la disposición del Gobierno de realizar una transición tranquila y transparente que ya ha comenzado a concretarse con importantes medidas adoptadas por el Presidente Mejía. Esta es una contribución vital para garantizar la estabilidad de la economía donde se hace necesario el control estricto del gasto público y el ejercicio de una buena administración tributaria, aspectos que marcan una diferencia con respecto a transiciones pasadas.

9. En cuanto al acuerdo stand by con el FMI, hay una carta de intención que fue discutida una semana antes de las elecciones y que requiere de ciertas definiciones para su terminación.

10. En dicha carta se reconoce el cumplimiento d las metas monetarias, el fortalecimiento de la regulación y supervisión bancaria y el cumplimiento de algunas metas fiscales aunque en otras se verifican importantes desviaciones. Estas últimas se refieren básicamente al exceso en los desembolsos de recursos externos por unos 3 mil millones de pesos y al incremento por encima de la meta en el subsidio al gas licuado de petróleo y la electricidad, que por la depreciación en el tipo de cambio y los altos precios del petróleo, alcanzaron casi los 4 mil millones. Otro punto que esta pendiente de solucionar es la vía para cerrar la brecha de US$100 millones para concluir las negociaciones con el Club de París.

11. Hasta el 30 de mayo todas las metas monetarias estaban en los niveles acordado con el Fondo, lo que ha frenado la tendencia devaluatoria que se esperaba a raíz de la suspensión temporal del Programa Stand by por las elecciones de mayo.

12. En cuento a los desembolsos de recursos externos, la situación se está corrigiendo en este trimestre con la disposición del Presidente de la Repúblic a de reducir su ritmo y establecer nuevos mecanismos para su control y seguimiento a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Además, se ha dispuesto el retiro de los préstamos depositados en el Congreso Nacional.

13. Para cubrir la brecha de los US$100 millones se gestiona un financiamiento bancario, dado que el Gobierno quiere evitar renegociar la deuda externa privada por las consecuencias que esto tiene para el país. Tanto la renegociación de la deuda con el Club de París como el nuevo préstamos deberían ser aprobados por el Congreso Nacional en julio, lo que no deja de ser otro problema si el Gobierno Electo tiene otra estrategia sobre este punto.

14. En cuanto a la situación de los subsidios al gas licuado y la electricidad, el problema es más complicado porque el Gobierno actual no los va a eliminar y esa siempre ha sido la posición oficial. Sin embargo, se mantendrá el ajuste de precios a la electricidad hasta eliminar el subsidio a los que consumen más de 200 kilovatios. Lo que podría negociarse es la fijación de un tope a estos subsidios en función del precio del petróleo, cuyas perspectivas de seguir aumentando continúan vigente.

15. De lo anterior se deduce que para llegar a un acuerdo con el Fondo es necesario buscar ingreso fiscales adicionales ya que, por un lado, es difícil en el corto plazo retornar a una tasa de cambio de 40 pesos por dólar, que fue la utilizada en el programa macroecónomico y por otro, mucho más difícil retornar a precios del petróleo por debajo de 30 dólares el barril, que fue la referencia utilizada para calcular el subsidio.

16. Ante esta disyuntiva y reconociendo la casi imposibilidad de tener una reforma fiscal aprobada antes de finalizar el 2004, independientemente del resultado electoral del 16 de mayo, la propuesta que le hicimos a la misión del FMI, fue la de estudiar un nuevo impuesto que se enviaría en el mes de julio, separado del resto de la reforma, pero formando parte integral de ella, para que el Congreso lo conociera y lo aprobara de urgencia. Con este impuesto y sin eliminar todavía los que estan vigentes, excepto el impuesto a las exportaciones, se debería generar el equivalente al 1% del PBI, unos 7.5 mil millones de pesos, en términos anualizados.

17. Con estos ingresos adicionales y manteniendo el cumplimiento estricto de las metas fiscales y monetarias del Programa vigente en lo que resta del año, incluyendo la normativa bancaria, el control de los desembolsos con recursos externos, el cierre de la renegociación de la deuda externa con el Club de París y un tope a los subsidios en función del precio del petróleo, es posible retomar el acuerdo con el Fondo hasta que se apruebe la reforma fiscal.

18. Esta implícito en este escenario que con la aprobación de la segunda revisión del acuerdo se produciría una apreciación importante en el tipo de cambio, contribuyendo con ello a mantener la inflación en alrededor de un 1% mensual el resto del año.

19. Lo antes expresado, no invalida la posibilidad de discutir otras estrategias con las autoridades que asumirán la conducción del país a partir del próximo 16 de agosto, sin que ello implique un compromiso de nuestra parte. Las ideas expresadas en los medios de comunicación por importantes voceros del Partido ganador de las pasadas elecciones, como es la de negociar un nuevo acuerdo con el FMI, aunque no forma parte de nuestra agenda, necesariamente tendrán que discutirse a la luz del acuerdo vigente.

20. Mantener abierto él dialogo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno electo y la sociedad civil, a fin de que este período de transición transcurra con normalidad, transparencia, estabilidad y tranquilidad, debe tener la más alta prioridad para todos los dominicanos.