Por Pablo Vicente

Dando seguimiento a los diferentes pronunciamientos en relación al proceso de vacunación que en la actualidad está ejecutando el Gobierno, he visto con preocupación que dos instituciones clave en este proceso han estado brillando por su ausencia en relación a garantizar que la vacuna llegue de manera prioritaria y privilegiada a dos sectores que por su condición de vulnerabilidad requieren de un trato preferencial, me estoy refiriendo a las personas con discapacidad (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad /CONADIS) y a los envejecientes (Consejo Nacional de Personas Envejecientes/ CONAPE).

Ambas instituciones deberían de jugar un rol más protagónico en este proceso de vacunación, en pro de garantizar que ambos grupos puedan acceder a la vacuna en condiciones favorables, tomando en cuenta sus condiciones, pero también mantener en esos grupos vulnerables los programas de transferencia monetarias que en la actualidad ejecute el gobierno ya que el mismo está en un proceso de desmonte.

Estamos en un proceso en el que se está desarrollando un despliegue de vacunación mundial para garantizar que la vacunación contra COVID-19 se distribuya de manera equitativa, por lo que ninguna persona, ningún país debe quedarse atrás; y por lo tanto los más vulnerables en este proceso son los envejecientes y las personas con discapacidad.

Muchas personas con edad avanzada o con alguna discapacidad no pueden mantener, aunque así se quisiera el distanciamiento físico porque requieren asistencia personal para realizar sus actividades diarias y por lo tanto dependen del contacto físico de otras personas para poder explorar en su entorno. Otros están expuestos porque no tienen acceso a información oportuna y comprensible en formatos accesibles sobre cómo protegerse contra COVID-19. Para algunas personas con edad avanzada o con alguna discapacidad mantener el distanciamiento físico o el uso prolongado de cubre boca y otros requisitos higiénicos no es factible.

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad se clasifican como poblaciones vulnerables durante situaciones de emergencia de salud pública, por lo que su tratamiento tiene que ser desde una perspectiva focalizada que permitan a esos grupos acceder de manera oportuna y privilegiada a las vacunas.

A menos que se establezca una estrategia que permita llevar la vacuna de manera personal a los hogares y se les dé una prioridad específica, muchos envejecientes o con discapacidad no podrán acceder a las vacunas ya que en algunos casos no tienen la posibilidad de movilización y traslado hacia los diferentes puntos de vacunación.

Abogamos para que en este contexto ambas instituciones puedan articular esfuerzos para que esos grupos vulnerables no solamente puedan acceder a la vacuna en tiempo oportuno sino más bien puedan estar incluidos en los programas sociales que ejecuta el gobierno para que este proceso en el que el mundo está inmerso pueda ser más llevadero para esa población vulnerable.