Qué se requiere, que se necesita, para que un dominicano sea respetado, valorado como un ser humano igual que el Cardenal, el presidente del Consejo de Hombres de Empresas o el Presidente de la República, lógico que todos respondemos, bueno, se trata, hay diferencias.

Si se admite que hay diferencias, hay que reconocer que no todos somos iguales, que como dice un amigo: “hay iguales que son más iguales que otros”.

Lo cierto es que hemos perdido la capacidad de asombro, autoridades, jueces, dirigentes políticos, empresariales, policías, militares, profesionales de distintas ramas, en fin, no se levanta ni una tímida protesta contra funcionarios que irrespetan los derechos humanos de los dominicanos del común.

En nuestro país, los preteridos, los ninguneados, los carajeados, los sumergidos, los que no tienen nada que perder, los discriminados son eternamente vejados, pisoteados, sin que haya voces que se levanten en su favor.

Me refiero a la actitud del Procurador General de la República, de la Defensora del Pueblo, de las Asociaciones de Derechos Humanos, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los grupos estudiantiles, de las universidades.

Recuerdo un editorial de la Revista Ahora, de 1965, que reclamaba dónde estaban las voces que días antes de la invasión decían defender la democracia, la libertad, la autodeterminación, el autogobierno, dónde estaban esas voces que no denunciaban ni criticaban ni combatían la ocupación militar norteamericana.

La mala costumbre de callar ante los abusos no es nueva aunque siga siendo perjudicial. La mala costumbre de callar ante los abusos es una forma de escurrir el bulto para no ser señalados por los poderosos.

La responsabilidad del funcionamiento del gobierno es del Presidente de la República que delega en funcionarios designados para dirigir el país conforme la Constitución y las leyes.
En consecuencia, todo funcionario público tiene que actuar con seriedad, honestidad y la obligación vigilante de cumplir y hacer cumplir todo el andamiaje legal que regula la vida pública y particular de los ciudadanos.

Dada la deshumanización que nos arropa, no hemos escuchado ningún funcionario del Ministerio Público que hable de la necesidad de someter a la justicia al director del Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRI) y al director de la Empresa de Generación Hidráulica (EGEHID) por haber enviado a trabajar a obreros sin la debida protección, sin los equipos necesarios para cuidar su salud, sin la dotación de un seguro de enfermedad y de vida, por exponerlos a peligrosos y venenosos hongos creados por la humedad y el encierro, ello convirtió el túnel en un lugar de muerte.

Lo menos que debe hacer el Procurador General de la República es someter a la justicia por negligencia culposa a los funcionarios que metieron esos obreros en ese túnel de muerte.