Se perdió comunicación con Sobeida Félix desde el pasado viernes, y ya declarada fugitiva tras vinculación a cuantioso lavado de dólares.

El fiscal del Distrito Nacional confirmó ayer la fuga de Sobeida Féliz Morel, acusada de Lavado de Activo y vinculada al hallazgo y la incautación de 4.6 millones de dólares en septiembre pasado.

En rueda de prensa el magistrado Alejandro Moscoso Segarra dijo que la mujer, a quien relacionan con el fugitivo puertorriqueño José D. Figueroa Agosto, no acudió el martes a firmar el libro de presentación periódica, como se lo ordenó el Séptimo Juzgado de la Instrucción y sus abogados dicen que perdieron la comunicación con ella desde el viernes.

En horas de la mañana el esposo de Féliz, Eddy Brito, quien también enfrenta cargos por presunta vinculación con Figueroa Agosto, se presentó a la Fiscalía donde fue requerido para ofrecer información sobre el paradero de Sobeida que dijo desconoce.

La buscan. Moscoso Segarra dijo que desde el miércoles Féliz se convirtió en una prófuga de la justicia y anunció que las autoridades policiales y de investigación a escala nacional e internacional iniciaron su búsqueda.

Solicitó que cualquiera que tenga conocimiento de su posible paradero lo informe a la autoridad competente.

Los rumores que desde tempranas horas de ayer circularon dan cuenta de que la mujer habría salido hacia Francia, empero el magistrado Moscoso Segarra no se refirió a este aspecto.

Félix estuvo recluida en la cárcel de Najayo desde el martes 8 de septiembre, no obstante fue favorecida con una garantía económica por la jueza Roxanna Vásquez y salió el 21 de octubre.

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Le revocan libertad

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó ayer la resolución que dispuso la libertad de Sobeida Féliz mediante una garantía económica y dispuso la prisión preventiva que le fue dictada por la Oficina de Atención Permanente.

Los jueces, encabezados por el magistrado Ignacio Camacho Hidalgo, adoptaron la decisión tras establecer que Féliz carece de arraigo al no presentar documentos que precisen su domicilio, lazo laboral o situación económica. Consideraron que el Séptimo Juzgado de la Instrucción, que preside la magistrada Roxanna Vásquez, incurrió en una incorrecta fijación del arraigo al variar la medida de coerción, porque esto no quedó constatado en el proceso. Precisó, además, que al ponderar la variación de una medida de coerción el juez debe evaluar el peligro de fuga en el que se debe tomar en cuenta también la pena imponible en caso de condena.