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El Ministerio de Medio Ambiente es blanco frecuente de reproches desde la opinión pública, y no pocas veces desde este periódico, porque se le aprecia tardío en sus reacciones y a veces es el último en saber de graves perjuicios a la naturaleza que uno suponía que ocurrían antes sus propias narices sin ser tanto así. A fin de documentar a sus críticos desde la «silla caliente» de los almuerzos del Grupo Corripio, el titular Miguel Ceara Hatton denunció la pobreza de instrumentos legales que el Poder Legislativo pone a su disposición para echar pleitos de tú a tú con depredadores. Contra ellos lanza cada vez que puede sanciones administrativas que no pasan de simples aunque lo que más proceda sea la acción penal contra el poder de voraces destrozadores de bosques, lomas y cursos de agua. Su colocación ante las barras de la justicia, tan sistemáticamente como ellos maltraten áreas restringidas. Queda claro que contra la gravedad que con frecuencia adquieren agresiones a los recursos naturales, las respuestas benignas, que incentivan a mayores daños, es lo único que las leyes permiten.
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Reconoce que la vigilancia medioambiental es débil aun cuando las Fuerzas Armadas cooperan sin que baste para extender contundentemente las inspecciones y persecuciones. Cuidar para presentes y futuras generaciones un patrimonio no renovable e imprescindible para la existencia humana obliga al Estado a disponer asignaciones presupuestarias adicionales. Se reconoce capaz de hacer más por la causa ambiental.
