Hoy 
República Dominicana ha vivido en el lapso 2020-2022 situaciones de emergencia en los órdenes social, económico y sanitario bajo el acoso de un virus covid-19 para el que inicialmente la ciencia no tenía respuesta contra sus efectos mortales, paralizantes de actividades a gran escala obligando a los confinamientos masivos.
Un contexto desafiante para la sociedad y su Estado que debe tomarse en cuenta al evaluar, agravado por la repercusión global de la guerra en Ucrania, males que atraparon en sus garras a un país y a su Gobierno que tuvo que reorientar agendas y las promesas que le llevaron al poder, obligado a destinar miles de millones de pesos a mitigaciones poblacionales, comprar vacunas y movilizar legiones de servidores para conjurar la pandemia todavía presente.
La dureza de crisis requirió medidas que arrojan un balance de reactivaciones productivas y de pronósticos de otras mejorías con el turismo en ascenso, buen ritmo de inversiones, dinamización de zonas francas, recuperación del empleo y apreciación de la moneda.
No significa que desaparecieran los problemas: el costo de la vida ha subido desmedidamente, la educación pública, con todo y 4%, no alcanzó los objetivos, el sistema eléctrico sigue ineficiente y las violencias social y delictiva inquietan a la colectividad, entre otros pasivos.
Pero ha sido un Gobierno que escucha y reacciona, casi con el don de la ubicuidad, y propició, histórica y objetivamente, la independencia del Ministerio Público.
