LIMA (AFP).- Los candidatos Alan García y Ollanta Humala, enfrentados en una dura disputa por la presidencia de Perú, están sin embargo unidos por el estigma de arrastrar acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Los cargos se remontan a la época de la guerra interna que afrontó el país contra la organización maoísta Sendero Luminoso, que azotó a Perú en las dos últimas décadas con un saldo de al menos 69.000 muertos y desaparecidos.

En el caso de García, candidato del Partido Aprista, pesan acusaciones por violaciones cometidas por las fuerzas armadas cuando gobernó el país entre 1985 y 1990, y en el caso de Humala en 1992 en tiempos en que era un militar activo del ejército bajo el régimen del ex presidente Alberto Fujimori.

Unos 30 intelectuales, entre ellos varios miembros de la desaparecida Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), pidieron a los candidatos contribuir a esclarecer casos de violación a los derechos humanos, “incluyendo expresamente aquellos en que las denuncias los comprenden personalmente”.

En un comunicado público difundido este miércoles les reclamaron además rechazar cualquier pacto político que implique dar impunidad a quienes incurrieron en crímenes de lesa humanidad.

La mayor acusación contra García se vincula a la llamada “matanza de los penales” en junio de 1986, cuando murieron al menos 200 presos senderistas amotinados en dos de tres cárceles de Lima.

El ex mandatario fue acusado de ordenar a las fuerzas armadas restablecer el orden a sangre y fuego. García rechaza la acusación aunque luego aceptó que las fuerzas de seguridad cometieron condenables excesos al fusilar al menos a unos cien senderistas en la cárcel de Lurigancho, al este de Lima.

Paralelamente, un número no precisado de senderistas murió en la isla penal El Frontón, frente a Lima, en una acción que dirigió el vicealmirante Luis Giampietri, ahora candidato a la vicepresidencia de García.

Según los grupos defensores de los derechos humanos, los muertos en El Frontón fueron pasados por las armas, aunque Giampietri dijo en su defensa que en esa isla hubo una dura batalla en la que también murieron infantes de marina.

Pese a que los tribunales de justicia exculparon de responsabilidad al ex presidente, los grupos defensores de los derechos humanos intentan reabrir el caso de los penales.

La CVR, que investigó la guerra interna en Perú, encontró responsabilidad del gobierno de García en la matanza de los penales y en la muerte de 37 campesinos en la aldea andina de Cayara, en la región de Ayacucho, en mayo de 1988.

En el caso de Humala, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lo denunció en febrero pasado por delitos de desaparición forzada, tortura e intento de asesinato que habría cometido en el ejercicio de sus funciones.

El organismo presentó a testigos de los familiares de las víctimas que aseguraron que el ahora aspirante nacionalista fue autor de esos delitos bajo el apelativo de “capitán Carlos” en el poblado Madre Mía, en el valle del Alto Huallaga, una “zona roja” de la selva central donde actuaba la agrupación maoísta.

“No he violado derechos humanos, tengo la conciencia tranquila, no he matado a nadie y si lo hice fue en combate, porque yo he peleado por la pacificación del país”, responde Humala ante los cuestionamientos.

Pese a proclamar su inocencia, un fiscal de la localidad de Tocache, jurisdicción a la que pertenece Madre Mía, abrió una investigación.

La testigo Teresa Avila relató que cuando reclamó por dos familiares que fueron detenidos en la base de Madre Mía, el ‘capitán Carlos’ le contestó: “tu familia es una lacra y si los tuviera en mis manos yo los mataría”.