Dos datos que acaban de trascender a la opinión pública obligan al país a ser diligente en los esfuerzos para combatir la inflación.

Se trata de que alrededor del 54 % de los hogares dominicanos depende de sus salarios como principal fuente de ingresos y el de que el salario real bajó a febrero pasado a un nivel inferior al prepandémico.

La fuente del primer dato es el informe semestral del Banco Mundial: «Consolidando la recuperación”, la del segundo es el Centro Regional de Estrategia Económicas Sostenibles (CREES), fundamentado en el salario promedio cotizable en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Estos datos revelan que la mayor parte de la población dominicana, que tiene como su principal sustentos ingresos fijos, es la más castigada por procesos inflacionarios como el actual.

Según el Banco Central, la inflación interanual, es decir, de los últimos 12 meses, desde marzo de 2021 a marzo de 2022, se situó en 9.05 %, acercándose a los dos dígitos.

Con niveles tan altos de inflación de precios, no hay dudas que se ha producido una pérdida en el poder adquisitivo de la mayor parte de la población dominicana, lo cual deteriora su nivel de vida, y como esto también implica que no haya sido posible mantener el valor de los ingresos reales de los trabajadores formales que cotizan en el sistema de la seguridad social, el impacto de la inflación afecta también la sostenibilidad financiera de ese sistema.

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Tasa de política monetaria

Como el principal componente de la inflación es el monetario, aunque no el único, el Banco Central ha estado disponiendo aumentos en las tasas de interés, llevando la tasa de política monetaria de 3% a 5.50%, y recomprando títulos para bajar la liquidez de la economía, que sigue estando por encima de sus niveles históricos.

Por lo tanto, todavía hay por hacer en el ajuste monetario. Pero hay otros frentes a través de los cuales se puede atacar la inflación, a través de medidas fiscales y de otras que mejoren la competitividad.

El gobierno ha estado focalizando algunos subsidios para amortiguar el impacto de la inflación sobre la población más vulnerable, pero esto no es suficiente.

El CREES ha planteado también como estrategia para combatir la inflación una reducción del impuesto a los precios de los combustibles y otros impuestos.

En el caso del impuesto a los combustibles, además de ser pagado por los consumidores, tiene una incidencia en los costos de la economía y, en consecuencia, en los precios de otros bienes y, también, de los servicios.

También ha planteado eliminar de la ley factores que mantienen alto los precios de los combustibles.