LEILA ROLDÁN
A pesar de que a través de determinados medios de comunicación se ha pretendido convencer a los ciudadanos de que el desempeño de los actuales administradores de justicia es independiente, creíble, sano y hasta infalible, en las últimas semanas se han dado a conocer, con sus previsibles censuras, dos estudios distintos que, sin llegar a desnudar por completo lo que realmente sucede en nuestro tribunales, deja entrever algunas de sus liviandades.

Como el espacio, cuando aparece, es bastante exiguo, me ceñiré a resumir las más importantes de sus conclusiones.

El informe nacional de desarrollo Humano «República Dominicana 2005», publicado en mayo por la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo finaliza la parte relativa al Poder Judicial refiriendo que el mismo, a pesar de las reformas, sigue siendo visto como de difícil acceso y discriminatorio y la justicia es percibida por la población como mediada por los intereses económicos.

Fundamenta este corolario, entre otros, en los siguientes puntos: el 78% de la población dominicana no cree que los pobres hacen valer sus derechos; el 78.7% considera que no existe igualdad en la aplicación de la ley; el 90% considera que no tiene fácil acceso a la justicia; en el 80% de los casos que llegan hasta la justicia, las víctimas no ven satisfechas sus demandas debido a la lentitud del sistema, y en sólo en el 20% de los casos hay condenas o descargos; en los últimos años, un promedio de 82% de las sentencias penales dictadas por los jueces fueron prescripciones.

La declaratoria de prescripción se lleva a cabo, para quienes no lo saben, cuando transcurre un lapso mayor de uno, tres o diez años entre el último acto de procedimiento con relación a la comisión de una contravención, un delito o un crimen y la obtención de una sentencia con relación a ese hecho. Es decir, que cuando el expediente no ha sido trabajado en el tribunal y, por pasarle el tiempo sin que se hayan ejecutado actuaciones procesales, el caso se extingue. La gran cantidad de declaratorias de prescripciones en nuestros tribunales no es un logro, es una vergüenza; es la admisión de que sobre tales expedientes transcurrió el tiempo sin que los funcionarios judiciales se acordaran de ellos.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Cultura Política y Democracia (Demos 2004) elaborada por investigadores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Centro Universitario de Estudios Políticos, Sociales y Demográficos (CESDEM) en el período de enero a marzo de 2004, revela que el índice de corrupción de los funcionarios judiciales de República Dominicana es mayor que en los demás países latinoamericanos.

Fundamenta esta deducción, entre otros, en los siguientes puntos: una alta incidencia de sobornos; el 65% de las personas entrevistadas estimó ineficaz el desempeño de los actores judiciales en el cumplimiento de sus deberes y consideró corrupto al 80% de dichos funcionarios; el 75% de los ciudadanos estimó que el sistema judicial tiene poca o ninguna credibilidad.

Esto último resulta un penoso desmentido a las constantes proclamaciones de credibilidad judicial del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El mismo funcionario que, según publicado en El Nacional del 3 de enero pasado, pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación un plazo de seis meses «para que puedan palpar una gran mejoría en la impartición de justicia». Y resulta también un recordatorio a sus infinitas promesas incumplidas de una agilidad, una imparcialidad, una probidad y un decoro que tenemos casi ocho años esperando.