Dos juristas expertos en derecho constitucional criticaron ayer la sentencia TC/723/24 del Tribunal Constitucional que anula la competencia de Pro Consumidor para sancionar y aplicar multas, al considerarla un retroceso a los logros hasta ahora alcanzados en la protección de los consumidores y un riesgo para la parte más débil del mercado.

Durante una rueda de prensa organizada por el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco), el director de Centro de Estudios Constitucionales de la UASD, David Lahoz, expresó su preocupación por el desamparo de los derechos del consumidor y calificó la acción del TC como una “estafa”.

Puede leer: Migración investigará denuncia sobre uso indebido de autobús

Lahoz resaltó que el consumidor dominicano se encuentra actualmente en un estado de indefensión total, ya que a diferencia de la Constitución del 2010 que permitía la existencia de órganos encargados de hacer valer el contenido de la Constitución, entre ellos el marco del derecho del consumidor, con esta nueva decisión del TC el derecho del consumidor queda sin efecto y bajo el riesgo de que “en los próximos días el presidente diga que está dentro de los órganos que hay que suprimir”.

“El futuro del consumidor es triste, porque en revisión y revisión esa ley lleva más de 10 años y todavía no hay fecha cierta para que se pueda decir que el Congreso la va a modificar para hacerla una ley garantista”, añadió el experto.

En ese mismo orden, el abogado y exmagistrado del TC, Jottin Cury calificó de absurda la sentencia del Tribunal Constitucional dado que la potestad sancionadora de Pro Consumidor aunque no se encuentra de manera expresa en la Ley 358-05, si lo está de forma implícita en los artículos 27, 43 y 117.

Dada esta situación, Cury opinó que están tratando de hacer con Pro Consumidor lo mismo que se ha intentado hacer en los últimos meses con el tema de la cesantía en el aspecto laboral: desnaturalizarlo y difuminarlo para así favorecer a los grandes empresarios.