MELVIN MAÑÓN
Dos sectores de la economía –turismo y zonas francas– están mintiendo, manipulando y poniendo presiones sobre el gobierno para forzar una devaluación del peso dominicano bajo alegatos y amenazas harto conocidas. Los de zona franca, con Arturo Peguero como uno de sus voceros, alegan que no son competitivos y que las opciones son devaluar o cerrar las empresas e irse del país.

Los del turismo afirman que pierden dinero y mercado con un peso fuerte; ponen el grito en el cielo y su suerte en el favor oficial que insistentemente procuran en privado y en público.

Es lamentable la falta de imaginación del argumento, pero no así la intención final del reclamo. Desde que tengo uso de razón –y de eso hace ya mucho tiempo– escucho lo mismo. Cerramos, nos vamos, nos sacan del mercado, no somos competitivos.

Con el Tratado de Libre Comercio. que los mismos de zonas francas empujaron, el país se queda sin una parte de estas empresas de cualquier manera. No sobreviven a la competencia con China, a los cambios en los flujos del mercado internacional ni a la incapacidad ni el entreguismo de un mal tratado. La política de devaluar para acomodar a estas empresas no tendría futuro para ningún gobierno que la emprenda. Empobrecer a este pueblo más de lo que ya está no le sumará un voto a nadie y menos si como en este caso no servirá para nada de ninguna manera. Es una gestión que, persiguiendo beneficios sectoriales despojaría al gobierno de su argumento de más credibilidad y gobernabilidad: haberle devuelto al país la estabilidad macroeconómica a favor de las mayorías y aunque ellos implique inconvenientes para un sector de la minoría. Ni siquiera la minoría entera tan acostumbrada a gobernar y a ser servida desde el poder.

Todo el que alguna vez ha estado vinculado a zonas francas y la legislación que la ampara -y ese es mi caso- sabe perfectamente bien que el salario, aunque un factor, dista mucho de ser el único y ni siquiera es el más importante en la determinación de donde se instale una empresa de zona franca.

Sacrificar a los pobres para facilitarle la vida a estas empresas que de cualquier manera se van a ir es una mala política y el gobierno ha hecho bien en resistirla. Es una trampa política. Sin embargo- y ese es el propósito de estas líneas- también ese gobierno necesita una defensa más activa ante la sociedad civil de su política monetaria.

En el caso de la industria turística, los empresarios del sector están-como otros- acostumbrados a montar este tipo de presiones. Cuando el peso alcanzó una devaluación de hasta el 50 por uno respecto al dólar no hubo un solo empresario turístico que en vista de la bonanza devolviera a sus trabajadores ni al mercado local un beneficio conmensurable. Ahora, en estas circunstancias habiéndose mantenido en aumento la tasa de ocupación y continuándose el ritmo creciente de inversiones privadas en turismo es demasiado pedirle al país que le acomoden la tasa. Como si todo lo anterior fuera poco, las inversiones públicas en obras de infraestructura para el turismo han ido también en aumento.

Entonces…¿que es lo que se quiere? Puede pretenderse pero no debe otorgarse el pedido de que el país entero trabaje para acomodar a los empresarios turísticos. Ya se les ha permitido secuestrar las playas hasta que un día de estos estalle el descontento ante semejante usurpación. Ya hemos convenido en vivir con toda la escoria humana que una parte del mercado turístico nos trae de fuera y fomenta desde dentro. Ya nos hemos declarado indiferentes ante la prostitución, el proxenetismo, la homosexualidad comercializada y encima de eso los empresarios turísticos o al menos quienes dicen hablar a nombre de ellos quieren que también aceptemos despojarnos de una tasa de cambio muy a duras penas alcanzada.

El gobierno dominicano en la persona del presidente y de varios funcionarios importantes ha defendido su política de estabilidad macroeconómica y señalado que la devaluación es el factor más importante de empobrecimiento del pueblo. Pero, y este es un pero importante, ningún gobierno puede sustentar y defender políticas de los ataques de un sector económico influyente si del otro lado no se mueven y se agitan fuerzas sociales y políticas que puedan compensar o contrarrestar o anular y derrotar a los otros.