La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusó ayer formalmente a un exsecretario de las Fuerzas Armadas, a un excoronel de la Fuerza Aérea y a dos empresarios de estar implicados en un soborno millonario para la compra de ocho aviones Súper Tucano.

El exsecretario Pedro Rafael Peña Antonio, el excoronel Carlos Picini y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, padre e hijo, fueron enviados al cuartel policial del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Habrían recibido, según la acusación, soborno por tres millones, 520 mil dólares.

En la tarde, por instrucciones del comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general Elvis Marcelino Féliz Pérez, vía su Consultoría Jurídica, Picini y Peña Antonio se entregaron ante la Pepca.

Las sumas habrían sido ofrecidas por la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) para obtener el contrato de venta de las aeronaves. Aquino y Aquino Méndez habrían prestado la empresa 4D Business Group S.A., y/o Kantor, Embraer para el soborno.
La orden de arresto fue emitida por el juez coordinador del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, por resistirse los oficiales a acudir a un citatorio notificado.

Los oficiales se presentaron en la Pepca alrededor de las 4:00, de la tarde.
La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, dijo que los imputados son investigados por la presunta violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal, la Ley 448 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión y la 72-02 sobre Lavado de Activos del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves contra el Estado.

“Esa venta representó un empréstito, es decir, un endeudamiento para el país por 94 millones de dólares. Se rumoraba que en el proceso de compra ofrecieron sobornos y se hablaba de diferentes cantidades, por lo que iniciamos una investigación. El soborno hasta ahora el Ministerio Público ha establecido que para el aspecto que tiene que ver con la compra de los aviones asciende a 3 millones 520 mil dólares que entraron en diferentes partidas por diversas vías mediante varias empresas”, detalló.

Dijo que han iniciado una investigación tanto nacional como internacional y que a mediados de febrero recibieron la cooperación de Brasil con un legajo de más de dos mil piezas, que da cuenta de todo un proceso que llevan contra los principales funcionarios de Embraer, y de la participación de funcionarios dominicanos que han dejado el país.

Dijo que entre las personas señaladas hay una serie de empresarios que presuntamente facilitaron sus empresas para la entrada del soborno.

Investigarán legisladores. Guerrero dijo que la investigación abarcará a más de un legislador cuyos nombres no reveló; a los empresarios Arturo Balaguer Cotes, Santos Rojas y otros más que facilitaron sus empresas, muchas de ellas “off shore” para el soborno.

Fortuna injustificada. Guerrero Pelletier reveló que la investigación abierta ha supuesto la incursión penal de Peña Antonio y Piccini Núñez, quienes al momento de la firma del contrato para la compra de los Súper Tucano (2007-2011), desempeñaban cargos de primer nivel en la entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas (hoy Ministerio de Defensa), y la Fuerza Aérea, los cuales aprovechaban “para concertar voluntades y obtener ventajas ilícitas para sí y para terceros, con los propietarios de la empresa 4D.

Resaltó que entre los años 2006 y 2012 Peña Antonio presenta un enriquecimiento injustificado, al adquirir 13 propiedades inmobiliarias con valores millonarios en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Este y en Samaná.

Refirió que como jefe de la Fuerzas Aérea, en el período 2006-2008, y luego como secretario de las FFAA, (2008-2010) “fue quien dirigió e impulsó” todo lo relativo a las transacciones en ocasión del soborno transnacional practicado por los ejecutivos de Embraer.

Piccini Núñez recibió el dinero. De acuerdo con las investigaciones, para esas operaciones ilícitas Peña Antonio utilizaba como canal al coronel Piccini Núñez, director de Proyectos Especiales de la FAD, captando las empresas perceptoras de los dineros y coordinando la posterior entrega para favorecer la aprobación del préstamo para la compra de la flotilla de aeronaves.

Fue Piccini Núñez quien recibió el dinero del soborno transnacional que entregaron los ejecutivos de Embraer a través de 4D Bussines, de acuerdo con las investigaciones hechas por el Ministerio Público de Brasil.

La transferencia de esos recursos se hizo a través de la Embraer Representation LLC., filial estadounidense de Embraer.

En 2011 la empresa brasileña reveló que era investigada en Estados Unidos por posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley contra la corrupción.

Historial de oficiales. Peña Antonio fue ascendido de general de brigada a mayor general el 31 de agosto de 2006, mediante el decreto 356-06. En 2008, mediante decreto 293-08 emitido por el presidente Leonel Fernández, fue designado secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, con rango transitorio de teniente general piloto.
En 2010 fue sustituido en el cargo y nombrado asesor militar del Poder Ejecutivo, mediante decreto 446-10.

Durante su gestión como secretario de las FFAA, se le cuestionó utilizar RD$80 millones del fondo de pensiones de los militares activos para la construcción de la puerta principal y la remodelación de los parqueos de la institución.

Se ha dicho que entre 2009 y 2010 viajó varias veces a Brasil para reunirse con ejecutivos de la empresa Embraer en las negociaciones para compra de los aviones militares, y le habrían entregado el soborno de US$ 3.5 millones.

En febrero de 1999, una comisión del alto mando militar recomendó la cancelación del entonces teniente coronel, tras recibir y confirmar más de 20 querellas por estafa.
Diez años después fue reintegrado por Peña Antonio y designado director de Proyectos Especiales para manejar las negociaciones en la compra de los aviones Súper Tucano.

En 2010 dirigió las negociaciones para la compra “grado a grado” de equipos de seguridad y vigilancia para la frontera, con la empresa española Arpa por 12 millones de euros.