Hoy 
POR ROSARIO ESPINAL
En la situación de deterioro económico e institucional que vive la República Dominicana hay sólo dos razones para querer gobernar. Una es aprovechar el gobierno para dimensionar el ego político del presidente y promover el enriquecimiento ilícito del grupo en el poder.
La otra es enfrentar con determinación y seriedad los graves problemas que sacuden la sociedad dominicana para promover un cambio fundamentado en la ética pública y el compromiso honesto de impulsar el desarrollo de la nación.
De estas dos opciones, la primera es de fácil ejecución, pero su horizonte de sostenimiento en las condiciones actuales es relativamente corto. Con los graves achaques económicos y políticos, un proyecto fundamentado en la corrupción, el clientelismo y la des institucionalización probablemente no le permita al nuevo gobierno ni siquiera agotar un período de cuatro años. La segunda opción es obviamente de difícil ejecución porque implica transformar la forma de hacer política en el país, y porque los beneficios económicos e institucionales que se derivan de esta estrategia tomarían tiempo en apreciarse. Pero su efecto inmediato en la salud mental de la sociedad dominicana serviría para inyectar oxígeno al sistema y sentar las bases para un cambio social.
Estas son las dos opciones que tiene ante sí el presidente electo Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al iniciar su gestión el próximo 16 de agosto.
Las medidas iniciales servirán de termómetro para calibrar el sentir del nuevo gobierno. El discurso inaugural y la formación del gabinete constituirán la primicia para comenzar a visualizar el rumbo del gobierno.
Pero una vez pasado el efecto del espectáculo inaugural, el Presidente Fernández y el PLD se enfrentan a la ardua tarea de manejar la compleja red de intereses disímiles y contradictorios que dominan la economía y la política dominicana, en las condiciones de una sociedad agotada por problemas de larga data, y empeorados por la gestión del Presidente Hipólito Mejía.
La sociedad dominicana y su nuevo gobierno enfrentan tres grandes desafíos.
El primero es restablecer la estabilidad macroeconómica y fomentar sectores productivos con capacidad de generar empleos de mejores salarios que sirvan de sostén a un proceso de desarrollo económico real. Con salarios deprimidos que caracterizan esta economía en base a argumentos de competitividad nacional o internacional, la República Dominicana nunca dejará de ser un país pobre y desigual, que básicamente expulsa un segmento de su población a buscar mejores condiciones de vida con la migración. Esto tiene que entenderlo el gobierno y todo el empresariado dominicano que tenga la visión y capacidad de armonizar su lógica de rentabilidad con el desarrollo nacional.
El segundo es institucionalizar el funcionamiento del Estado con una diversidad de medidas tendentes a reducir significativamente la corrupción pública y privada. Es un desafío complejo porque implica modificar radicalmente la razón principal de hacer política en el país. Para sanear el Estado no es suficiente nombrar algunos funcionarios honestos y diluir esa honestidad en la maraña de corrupción que caracteriza el gobierno; sino tener y mantener un objetivo claro y permanente desde la Presidencia de la República, sus dependencias, y desde el aparato del partido de gobierno. De lo contrario, sería iluso pensar en mejorar la gestión del Congreso o de la Justicia.
El tercero es mejorar los servicios básicos que necesita la población: electricidad, salud, educación y transporte sobresalen en la lista. Unido a un aumento de los niveles reales de ingreso de la masa trabajadora, los servicios públicos (no los subsidios focalizados) constituyen el mecanismo más importante de redistribución de riqueza. Sin electricidad suficiente, sin educación adecuada, sin servicios básicos de salud, y sin transporte organizado la sociedad dominicana nunca podrá alcanzar los niveles mínimos de competitividad económica que permitan un desarrollo real, no un boom económico fugaz y desigual.
Estudios realizados en distintos países del mundo, incluida la República Dominicana, demuestran que la percepción que tiene la ciudadanía de la calidad de los servicios públicos constituye un factor importantísimo para aumentar los niveles de confianza en las instituciones públicas, y lograr la estabilidad del gobierno y del sistema político.
Por esta razón, aunque parezca más fácil recurrir a la corrupción, al clientelismo, y la des institucionalización para gobernar, esta estrategia constituye una especie de ruleta rusa que eventualmente explota el sistema. En el vórtice de la crisis económica y política que sacude actualmente la República Dominicana y otros países de América Latina se encuentra esta estrategia perversa de fácil implementación, pero de altísimo costo para el desarrollo social y para la propia supervivencia de la clase política.
Esta estrategia agotó la gestión del PRD en cuatro años, y agotaría en menos tiempo la gestión del PLD si opta por ella, porque la sociedad dominicana ha alcanzado ya niveles de insatisfacción y desesperanza que comienzan a desbordar la confianza en las formas democráticas que carecen de contenido y beneficios democráticos.
