Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Es saludable que los secretarios de Obras Públicas y de Interior y Policía hayan dicho que los ayuntamientos tienen que ocuparse de las reparaciones de las calles y avenidas de sus municipios y también del cuidado y seguridad de los barrios. Uno y otro están en lo correcto, porque el gobierno municipal debe ocuparse de todos los asuntos atinentes a la ciudad bajo su jurisdicción. Creo, además, que las sugerencias de estos altos funcionarios permitirían, en caso de llevarse a la práctica, que los ayuntamientos locales se acerquen a lo que son en otros lugares, sobre todo en las naciones donde los poderes tienen sus ámbitos bien definidos.
Los cabildos, herencia del patrimonio institucional que nos legó España, deben ocuparse y preocuparse por la planificación urbana, por el trazado de las calles y avenidas, por el asfaltado y limpieza de éstas; deben ser responsables de la higiene del municipio, es decir, del lavado de las calles y las avenidas, de la recogida de la basura y del cuidado de los monumentos y parques públicos. También deben ocuparse de todos los aspectos relacionados con el ordenamiento del tránsito; deben ocuparse de la producción y distribución del agua potable, del sistema de alcantarillado, del alumbrado eléctrico de los parques, de las calles y de las avenidas; los ayuntamientos deben construir centros de recreo para el disfrute y el buen ocio de los munícipes; deben ser los responsables del sistema escolar y del sistema de salud de la ciudad, de tal manera que los habitantes dispongan de escuelas para estudiar y de centros asistenciales donde atender y curar sus dolencias. No crea el lector que estamos haciendo estas anotaciones con sentido irónico.
Estas son algunas de las atribuciones que tienen los ayuntamientos de las naciones que disponen de un adecuado tinglado institucional. Cada ciudad, cada municipio, cada condado es, con todas las de la ley, un gobierno, un verdadero gobierno.
Los munícipes capitaleños que cuentan con 35 años o más recordarán que varios de los servicios enumerados en el párrafo anterior estaban bajo la jurisdicción del ayuntamiento. Algo similar ocurría en el resto de los municipios. Pero ya en la era de Trujillo había empezado un proceso de desmembramiento de las responsabilidades de los cabildos. Este proceso se hizo más intenso con el Presidente Joaquín Balaguer, quien comenzó quitando las recaudaciones y pasándolas al Poder Ejecutivo.
A través de los periódicos puede seguirse el itinerario de desarticulación de los ayuntamientos entre 1966 y nuestros días.
El egoísmo político y económico del Poder Ejecutivo ha destruido la institucionalidad de los cabildos, ha disminuido sus funciones y los ha reducido a corporaciones responsables de recoger los desperdicios de las ciudades. Con ello quedó destruida la necesaria descentralización del trabajo y de la inversión, el desarrollo de liderazgos municipales, el servicio a las comunidades y el aprendizaje ciudadano para emprender tareas mayores.
El Poder Ejecutivo concentró la recepción de los tributos y su manejo, y con ello inició un largo camino de exclusión política y de sacrificio de los munícipes que se mantiene hasta hoy, y también comenzó el empobrecimiento de las ciudades y la conversión de grupos humanos organizados en exiliados en su propia tierra.
El resultado está a la vista de todos: los municipios son, en su mayoría, proveedores de fondos para que el Poder Ejecutivo los maneje según sus intereses, casi siempre sin tener en cuenta las necesidades de quienes los generan. Sus calles y avenidas están deterioradas, su sistema de alumbrado público es deficiente, sus parques necesitan inversiones, carecen de finanzas para manejar con eficiencia la recogida de la basura que generan sus munícipes, y la educación, la salud, el suministro de agua potable y el sistema de alcantarillado dependen de un Poder Ejecutivo que tiene su propia agenda y que actúa movido, ordinariamente, por cuestiones ajenas a los residentes en cada ciudad.
Debemos, en consecuencia, aplaudir las sugerencias explícitas e implícitas que están en las palabras de los secretarios de Obras Públicas e Interior y Policía. Porque las mismas pueden marcar el inicio de un cambio de opinión que será positivo y favorable para los ayuntamientos y sus munícipes. Creo que ya está harto demostrado que el Poder Ejecutivo no puede afirmar que trabaja con mayor eficiencia que los cabildos.
Tampoco puede decir que tiene más capacidad de planificación, ni más visión, ni que maneja los fondos públicos con mayor pulcritud.
Tenemos que ir a la descentralización geográfica, hacia la descentralización de las decisiones, hacia la descentralización de los servicios, hacia la descentralización de las recaudaciones, hacia la descentralización de las inversiones, hacia los gobiernos municipales con mayor autonomía y capacidad de decisión. Ojalà, reiteramos, que las quejas de estos ministros sea el comienzo de una visión que nos permita rescatar la función municipal.
