NUEVA YORK. Pasaron dos semanas desde que Argentina entró en default por una orden judicial en Estados Unidos vinculada con su litigio con fondos especulativos, y desde entonces el caso parece bloqueado entre las limitaciones del juez para forzar el pago y la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de no ceder.

Si bien cada experto tiene su análisis particular sobre ciertos aspectos de la compleja situación judicial y financiera creada el 30 de julio, todos coinciden en algo: «Se ha entrado en un terreno desconocido sin precedentes a nivel mundial», como dijo en una entrevista a la AFP el exministro de Economía argentino Roberto Lavagna.

«Este ha sido un duro modo de aprender la lección de que al final de cuentas los tribunales estadounidenses no tienen control sobre las políticas internas de los países extranjeros», señaló la experta Anna Gelpern, del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirmando que el «default no era el plan» del juez federal Thomas Griesa.

Cuando Griesa bloqueó a fines de junio un pago de Argentina de 539 millones de dólares por bonos reestructurados en 2005 y 2010 para forzar al país a cumplir con su fallo a favor de fondos especulativos por deuda impaga desde 2001, la intención era colocar al gobierno de Kirchner entre la espada y la pared tras doce años de batalla judicial.

Pero a pesar de la llegada del plazo de gracia del 30 de julio y negociaciones de último momento en Nueva York con la presencia del ministro de Economía Axel Kiciloff, Argentina tomó la decisión de no aceptar la exigencia del juez de pagar 1.330 millones de dólares a los fondos a los que califica de «buitres» porque compraron la deuda en default.

Las agencias de calificación financiera colocaron al país en «default parcial» y el pago de los seguros de deuda se activó, pero el gobierno argentino no se inmutó: asegura haber cumplido su obligación de abonar al 92,4% de los bonistas que entraron en el canje y acusa a Griesa de haber provocado una situación «insólita».

Desde el aspecto técnico legal, la sentencia está firme; la cuestión es cómo ejecutarla, ya que toca cuestiones delicadas como la inmunidad soberana de los Estados.

Según el economista Claudio Loser, de la consultoría Centennial Group Latin America, «en los círculos financieros y publicaciones, hay una unanimidad virtual sobre la validez del fallo, en particular porque fue convalidado por el tribunal de apelaciones y en última instancia por la Corte Suprema de Estados Unidos», que no tomó el caso.

«Hay diferencias de tono sobre el impacto en los mercados financieros mundiales, pero hay un claro entendimiento de que se llegó correctamente a la decisión», agregó.

Son muy pocos los que eximen de culpas a Argentina, aunque en los últimos días cada vez más expertos en medios estadounidenses cuestionan la tozudez del juez para hacer cumplir la letra de un contrato en un contexto que supera su jurisdicción dando la razón a querellantes que aprovechan a fondo los resquicios del sistema judicial.