La Junta Central Electoral, colocada fielmente en la agenda que conduce al país a próximos ejercicios del voto, no puede seguir apareciendo preocupada por la llegada a tiempo de los recursos presupuestales que son imprescindibles para avanzar por etapas hacia los procesos

Por demás persisten como riesgo a la buena marcha de las cercanas consultas electorales las lagunas, imperfecciones y desfases de las leyes a las que deben supeditarse tanto el órgano que conduce las estelares citas con los votantes como a los partidos políticos. Hay brechas por las que se pueden infiltrar distorsiones y propósitos de manipulación de la voluntad popular.

Se perciben dos faltas de coincidencias que llevan a pensar, por un lado, que el Poder Ejecutivo tiene, a espaldas de la JCE y la primacía institucional que a esta corresponde, sus propios criterios de prioridades en cuanto a proveer los medios que concedan agilidad y nitidez a su trabajo.

De otro lado, el Poder Legislativo no ha estado a la altura de los compromisos con la democracia que se le suponen para dotar puntualmente al país de los esquemas jurídicos que garanticen el desarrollo ordenado e imparcial de campañas proselitistas y de jornadas, generalmente tensas, en las urnas.

La falta de voluntad en núcleos dominantes en el Congreso resistidos a conceder firmeza y eficiencia a los mecanismos electorales auguraría enfrentamientos y zancadillas con aproximación a crisis post electorales.