El juez de la Primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional ordenó ayer el levantamiento puro y simple del embargo a las cuentas del procurador general Francisco Domínguez Brito y de cuatro de los exmiembros del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), interpuesto por la suspendida fiscal de San Pedro de Macorís, Soraima Vargas Molina.

De su lado, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) le rechazó a Vargas Molina, una solicitud de liquidación de astreinte que también había hecho contra la Procuraduría y el CSMP. De inmediato, Juan Manuel Morel, abogado de Vargas Molina, anunció que en las próximas horas presentará una querella penal contra el procurador y los magistrados Moisés Ferrer, Víctor González, Lucas Evangelista Pérez y Kelvin Santana, por supuesto “abuso de poder, desacato de sentencia judicial y trato cruel y degradante” a su cliente.

Oposición era irregular. Fue el argumento de los representantes del Ministerio Público para pedir el levantamiento del embargo en audiencia en Cámara de Consejo, que se celebró a puertas cerradas y que el juez José Reynaldo Ferreira Jimeno acogió para disponer el levantamiento de dicho embargo a las cuentas personales del procurador y los exmiembros del CSMP.