El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, acordó hoy con el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, la dotación de títulos de propiedad a las áreas protegidas.

El acuerdo establece que las áreas protegidas que comprenden más de 12,000 kilómetros cuadrados, cuenten con títulos de propiedad a nombre del Estado dominicano, ya que desde su creación han carecido del documento legal.

“El objetivo es establecer la cooperación técnica entre ambas instituciones respecto a temas catastrales y registrales para la identificación de los inmuebles registrados que se encuentran dentro de las Áreas Protegidas”, indicó Molina Peña.

De su lado, el ministro de Medio Ambiente afirmó: “Para nosotros es crucial y constituye un objetivo primordial poder dotar cada una de nuestras áreas protegidas de su título de propiedad y para ello estamos trabajando de cerca con la Suprema Corte de Justicia a través del Registro Inmobiliario para unificar criterios y que al final el Estado dominicano cuente con los títulos que le acreditan como legítimo dueño de estos espacios de importancia para nuestro país que abarcan alrededor del 25 % del territorio nacional».

Como parte de las políticas nacionales de conservación de la biodiversidad, República Dominicana cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) conformado por 127 unidades de conservación, clasificadas en seis categorías y trece subcategorías de manejo.

Algunas de las áreas protegidas dominicanas han sido objeto de reconocimiento en el ámbito internacional como son: Parques Nacionales Jaragua, Sierra de Bahoruco y Lago Enriquillo, que constituyen las áreas núcleo de la Reserva de Biósfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, aprobada por el Programa El Hombre y la Biósfera (MaB), por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 6 de noviembre del 2002.

Junto a Jorge Mera estuvieron Milagros De Camps, viceministra de Cooperación Internacional; Héctor Alies, asesor del Ministerio de Medio Ambiente; Camila Rodríguez, directora de Fiscalización Ambiental; Mariana Pérez, directora de Información Ambiental y Edilio Florián, jurídico de Medio Ambiente.