La Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) presentó un  proyecto de ley de declaraciones juradas de bienes de funcionarios, que los obliga a  levantar un inventario detallado, jurado y legalizado por un notario público, de  su patrimonio y el de sus cónyuges, sin el cual no se hará efectiva su designación o elección.

Se advierte que  el incremento del patrimonio en forma evidente y excesiva se constituirá en el primer elemento de la infracción especial de enriquecimiento ilícito, que conlleva sanciones de cinco a 10 años de reclusión, una multa por el duplo del monto incrementado y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de dos a 10 años. 

El  requisito lo deberán cumplir también a los dos años de su desempeño y en un plazo no mayor de quince días después de haber cesado en sus funciones.

De acuerdo con el proyecto, la  ley deroga y sustituye a la  82-79, del 16 de diciembre de 1979, y cualquier otra disposición legal, especial o general que le sea total o parcialmente contraria.La información la dieron el procurador general  Radhamés Jiménez, y el director de la DPCA,  Hotoniel Bonilla. Estuvo el representante del Banco Mundial, Roby SenderoWitsch.

La clave

¿Se cumplirá?

El Procurador, tras ponderar los beneficios del proyecto, declaró que con la nueva ley le harán frente de manera más efectiva al que calificó como uno de los más grandes flagelos:  la corrupción. Indicó que esa ley facilitará el sometimiento de los funcionarios que atenten contra el patrimonio del Estado  y aseguró que la harán cumplir una vez sea promulgada.