DR-CAFTA amenaza productores de la región

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El Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos puede tener consecuencias catastróficas para los productores de la región, según un informe preparado por la organización no gubernamental Oxfam, denominado “Echar la puerta abajo”.

Esta apertura obligada, sin embargo, no es reciprocada por las naciones desarrolladas, que más bien se aprovechan, imponiendo una especie de dumping, al inundar los mercados de los países pobres con productos altamente subsidiados, a precios imposibles para la competencia.

A continuación, el texto que sobre el DR-CAFTA plantea el documento de Oxfam

En mayo de 2004, Estados Unidos y los cinco países de América Central -Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y

Nicaragua- firmaron el Acuerdo de Libre Comercio de América Central o CAFTA. Cuando poco después se incorporó la República Dominicana, el acuerdo pasó a denominarse DR-CAFTA.

A través de dicho acuerdo, los países centroamericanos y la República Dominicana pretendían ampliar los beneficios comerciales que les proporcionaba EE.UU. desde 1983 como parte de la Iniciativa de la Cuenca Caribeña (ICC). Sin embargo, EE.UU. trató de obtener un acceso ilimitado a los mercados centroamericanos, garantizándose condiciones que iban más allá de las fijadas en la OMC, dando así los primeros pasos hacia la construcción de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La postura de EE.UU. ha prevalecido en el acuerdo: no sólo no concede un periodo de implantación más largo sino que tampoco contempla un acuerdo especial y diferenciado para los países en desarrollo. En su lugar, el acuerdo obliga a los países pobres a abrir sus mercados a todas las exportaciones agrarias norteamericanas durante un periodo de entre 18 y 20 años, con excepciones sólo para las patatas y las cebollas en Costa Rica y para el maíz en todos los países, a cambio de la exención arancelaria para el azúcar de EE.UU..

‘Este acuerdo es un triunfo para la industria azucarera norteamericana,’ afirma la US Rice Federation, el principal grupo de presión del país.

‘Ahora tenemos acceso garantizado al mercado para el arroz con cáscara y el arroz procesado, algo que no teníamos antes.’64 El acuerdo no menciona en ningún momento una reforma de los subsidios y créditos a la exportación, denominador común de la producción y la exportación de arroz de EE.UU., si bien explica con una claridad absoluta la apertura de los mercados de sus socios a sus exportaciones. Según el acuerdo, los aranceles a la importación de arroz deben ser reducidos

a lo largo de los diez próximos años, hasta alcanzar el nivel cero dentro de 18 ó 20 años. Mientras tanto, las cuotas para las importaciones exentas de aranceles deberán ampliarse de forma inmediata, permitiendo la entrada de 350.000 toneladas de arroz con cáscara de EE.UU. el primer año y aumentando dicha cantidad en un 2-3 por ciento cada año, junto con 55.000 toneladas de arroz procesado, una cantidad que se verá aumentada en un 5 por ciento cada año.

Para América Central, las consecuencias de este acuerdo pueden ser catastróficas: las cuotas iniciales libres de impuestos ascienden ya al 40 por ciento de la producción total de la región. La única forma de proteger su mercado es el mecanismo de salvaguardia, un arancel provisional que puede incrementarse si las importaciones aumentan con demasiada rapidez. Ahora bien, este mecanismo puede ser utilizado únicamente en respuesta a altos volúmenes de importación -y no a los bajos precios de importación-, de manera que sólo se puede recurrir a él cuando el daño ya está hecho. Además está previsto que cuando los aranceles hayan sido definitivamente eliminados dentro de veinte años, el mecanismo de salvaguardia también desaparecerá.

‘En el CAFTA decidimos si queremos cometer un suicidio colectivo o morir por causas naturales,’ afirma Sinforiano Cáceres, el presidente de la federación de cooperativas agrarias de Nicaragua. Para 17.000 productores de arroz nicaragüenses -que generan 19.000 puestos de trabajo adicionales- el acuerdo les aboca directamente al suicidio. Se espera que los aranceles sobre el arroz con cáscara y el arroz procesado, que en la actualidad se sitúan en un 45 y 62 por ciento respectivamente, sean reducidos a cero en un plazo de 18 años. Pero la amenaza ya es patente: el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) prevé bajos precios de exportación para EE.UU. durante el periodo comprendido entre 2005 y 2007, concretamente precios inferiores al precio de mercado de Nicaragua, y todo ello a pesar de la aplicación de un arancel del 45 por ciento. Si a esto le añadimos la entrada inmediata de importaciones libres de impuestos, no cabe  duda de que el mercado nicaragüense tendrá que hacer frente a un gran contingente de importaciones estadounidenses desde el principio.

Por todo ello, es absolutamente necesario que los productores nacionales mejoren su competitividad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los recursos económicos de los que dispone Nicaragua -cuyo número de productores de arroz duplica el de productores estadounidenses- distan mucho de los recursos que EE.UU. puede destinar a sus productores. El gasto público total nicaragüense en agricultura fue de 24,5 millones de dólares en 2002, lo que equivale a sólo el 2 por ciento de los subsidios estadounidenses al sector arrocero.